San Luis Potosí se encuentra ante una discusión que no debe pasar desapercibida: la reforma electoral que el Congreso del Estado ha acordado analizar y votar antes del 30 de junio, con miras al proceso electoral de 2027. Aunque para muchas personas estos temas pueden sonar lejanos o técnicos, la verdad es que las reglas electorales definen algo profundamente cotidiano: quién puede representarnos, bajo qué condiciones, con qué controles y con qué garantías para la ciudadanía.
Una reforma electoral no puede ser vista como un simple trámite legislativo ni como un acuerdo cerrado entre partidos. Debe ser una oportunidad para fortalecer la confianza pública, ampliar derechos, garantizar igualdad sustantiva y proteger la vida democrática de San Luis Potosí. Las reglas importan, porque cuando las reglas son justas, la ciudadanía gana.
Uno de los temas más relevantes de esta reforma es el blindaje electoral para evitar la infiltración de candidaturas vinculadas con la delincuencia. Esto no debe entenderse como una medida de persecución, sino como una exigencia mínima de integridad pública. San Luis Potosí merece candidatas y candidatos confiables, con trayectorias limpias y compromiso real con la legalidad. La democracia no puede quedar expuesta a intereses oscuros ni a poderes que amenacen la libertad del voto.
Pero también es indispensable que este blindaje se haga con responsabilidad jurídica. Toda medida debe respetar el debido proceso, los derechos humanos y la presunción de inocencia. No se trata de abrir la puerta a acusaciones sin sustento, sino de construir mecanismos serios, verificables y constitucionales. La seguridad democrática requiere firmeza, pero también legalidad.
Otro punto central es la igualdad sustantiva. En pleno siglo XXI, no basta con decir que todas y todos tenemos los mismos derechos en el papel. La realidad exige reglas que permitan una participación política equilibrada, especialmente para mujeres, juventudes, personas indígenas, personas con discapacidad y grupos históricamente excluidos. La representación no puede seguir siendo privilegio de unos cuantos.
En ese sentido, la regulación de la autoadscripción debe abordarse con mucho cuidado. Es válido impedir simulaciones que busquen ocupar espacios destinados a grupos vulnerables sin pertenecer realmente a ellos. Sin embargo, esto debe hacerse sin criminalizar identidades ni vulnerar derechos de las personas de la diversidad. La democracia debe cerrar la puerta a la trampa, no a la dignidad.
También se ha puesto sobre la mesa la revocación de mandato, una figura de participación ciudadana que, bien diseñada, puede fortalecer la rendición de cuentas. Pero si se legisla con prisas o con cálculos políticos, puede convertirse en una herramienta de desgaste institucional. La ciudadanía debe tener mecanismos para evaluar a sus gobernantes, sí, pero con reglas claras, tiempos adecuados y plena certeza jurídica.
De acuerdo con lo planteado en las mesas de trabajo del Congreso del Estado, la propuesta del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana será la base para construir una reforma integral. En esta discusión participan las distintas fuerzas políticas representadas en el Poder Legislativo, incluyendo a Movimiento Ciudadano, con el objetivo de construir acuerdos antes del cierre del periodo ordinario de sesiones.
Sin embargo, hay algo que debe decirse con claridad: hasta ahora no se percibe una verdadera apertura para recibir propuestas ciudadanas ni para que la opinión de la gente sea escuchada y tomada en cuenta; pareciera que la discusión avanza conforme a lo que los partidos mayoritarios quieren ejecutar, mientras la ciudadanía observa desde afuera una reforma que definirá su futuro democrático. Eso no puede normalizarse: las reglas electorales deben construirse escuchando a académicas, jóvenes, organizaciones civiles, comunidades indígenas, colectivos, mujeres, personas con discapacidad y ciudadanía de todas las regiones, desde la Huasteca hasta el Altiplano, la Zona Media y la capital.
Por eso, desde Movimiento Ciudadano estamos preparando un mecanismo de apertura ciudadana, porque queremos ser vehículo y voz de las personas en el Congreso, poniendo las causas al frente y a las personas al centro.
En San Luis, bajo el liderazgo de Marco Gama, la fuerza naranja, crece como una alternativa moderna, democrática y cercana, convencida de que no puede haber democracia plena si la ciudadanía solo participa el día de la elección, pero queda fuera cuando se diseñan las reglas del juego; la democracia no se decreta: se conversa, se defiende y se construye colectivamente. Una democracia donde competir no signifique destruir, donde representar no signifique apropiarse del poder y donde votar sea una decisión libre, segura e informada.