El término “huachicol” suele evocarnos la imagen de una toma clandestina en un ducto. Sin embargo, hoy enfrentamos una modalidad mucho más sofisticada y devastadora: el huachicol fiscal. Este crimen no ocurre en el campo, sino en las aduanas, donde se permite el ingreso de combustible importado bajo fracciones arancelarias falsas para evadir el pago del IEPS. Es un saqueo de “guante blanco” que hoy tiene al país ante una fuga de recursos sin precedentes.
¿Cómo se traduce este robo en tu día a día? Es muy simple: cada vez que llegas a la gasolinera y ves que el precio por litro no baja, estás pagando el costo de la corrupción. Mientras el gobierno federal presume una supuesta “soberanía energética”, la realidad es que el mercado está inundado de combustible ilegal que no paga impuestos, pero que a ti te cobran a precio de oro. Esos miles de millones que se pierden en el contrabando técnico son los mismos que faltan en San Luis Potosí para garantizar que la infraestructura vial de la carretera 57 se encuentre en perfectas condiciones, para que las madres buscadoras cuenten con recursos y el respaldo institucional para encontrar a sus familiares víctimas del crimen organizado, para que los adultos mayores de nuestras casas no tengan que escuchar un “no hay” cuando buscan medicina en el seguro social.
La traición es doble. Por un lado, se utiliza el aparato del Estado para beneficiar a grupos particulares bajo el amparo del poder. Por el otro, ese dinero que se deja de recaudar es el que falta en San Luis Potosí para medicinas, infraestructura y seguridad. Mientras en el discurso se presume honestidad, en la práctica se ha permitido que el sistema se corrompa a tal grado que los gobiernos actuales parecen haber perfeccionado los vicios que tanto criticaron en el pasado, volviéndose no solo cómplices, sino facilitadores de este saqueo fiscal.
La traición al servicio público aquí es total. Bajo la narrativa de la “Cuarta Transformación”, se nos prometió que la honestidad bastaría para limpiar las aduanas. Sin embargo, la militarización de estas no ha frenado el flujo; al contrario, parece haber institucionalizado la complicidad. Resulta cínico hablar de austeridad cuando se permite que nuevas cúpulas se enriquezcan a manos llenas a través de la opacidad administrativa. Es el peor tipo de hipocresía: usar un discurso de justicia social mientras se permite un saqueo que asfixia el presupuesto estatal.
La complicidad en las oficinas de gobierno es el combustible que mueve este delito. No es solo omisión, es participación activa. Mientras el presupuesto para estados como el nuestro se recorta con el pretexto de la “honestidad”, por la frontera se desangra la riqueza nacional en beneficio de unos pocos.
Frente a este escenario, no podemos ser espectadores pasivos. El servicio público exige perfiles técnicos, honestos y, sobre todo, valientes, que dejen de ver en las aduanas y en los hidrocarburos un botín político. El verdadero cambio no viene de consignas, sino de una vigilancia ciudadana implacable y de la profesionalización real de quienes cuidan nuestras fronteras. Es momento de exigir transparencia total y castigo a quienes, desde el escritorio, permiten que el país se desangre. Solo así, con integridad y Acciones Nuevas, lograremos cerrar la llave de la corrupción.