A la víctima indirecta y su familia se les brindó la prestación de todos los servicios, entre los que se encuentra el acompañamiento psicológico.
La Secretaría General de Gobierno, a través de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV) atendió a la señora María “N” quien denunció que el pasado 18 de junio su menor hijo de siete meses de edad fue sustraído de sus brazos, sin que a la fecha tenga noticias de su paradero.
Desde que se tuvo conocimiento del asunto, el secretario general de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez, dio seguimiento a las indicaciones del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona y de manera inmediata la CEEAV contactó a la víctima indirecta para orientarla y ofrecer los servicios multidisciplinarios de su Unidad de Primer Contacto y Atención Inmediata para la asesoría jurídica, de trabajo social y psicología.
Se brindó el acompañamiento a la señora María “N” ante la Fiscalía Especializada para la Atención de la Mujer, la Familia y Delitos Sexuales, donde ante Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad de Investigación y Litigación, se formalizó la denuncia contra el presunto responsable, por la comisión del delito de sustracción de menor en agravio del niño de identidad reservada de iniciales SVG, e iniciar la carpeta de investigación CDI/FGE/I/D01/21958/2025 dentro de la que se emitió la ficha de búsqueda correspondiente que ayude a la pronta la localización de la víctima directa.
A la víctima indirecta y su familia se les brindó la prestación de todos los servicios, entre los que se encuentra el acompañamiento psicológico y, todos aquellos que resultan necesarios para el respeto y ejercicio de sus derechos, especialmente su derecho a la verdad y de acceso a la justicia, además de ofrecer y garantizar el acceso al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, por conceptos de ayuda inmediata, asistencia y atención, así como todos aquellos que deriven del hecho victimizante.
Por último, CEEAV emitió un pronunciamiento firme, en el sentido de reprochar conductas que causan daño o menoscabo en la integridad y derechos de cualquier persona.