La asociación destapó que el Ayuntamiento de SLP paga precios inflados por la renta de vehículos, más caros que el valor real de las unidades.
El pasado martes 25 de febrero, Fernando Chávez Méndez, actual secretario del Ayuntamiento de San Luis Potosí, fue protagonista de un choque en el bulevar Río Santiago y Sierra Leona, lo que generó controversia debido a las sospechas de que estaba conduciendo bajo los efectos del alcohol.
Sin embargo, el alcalde Enrique Galindo desmintió esta versión. Ante este suceso, la organización Ciudadanos Observando emprendió una investigación exhaustiva sobre el vehículo involucrado en el incidente, un automóvil JAC Friston GML con matrícula TL 4869H.
La indagatoria reveló una serie de irregularidades y situaciones alarmantes que ameritan sanciones.
Este vehículo forma parte de una flotilla de 42 unidades arrendadas al Ayuntamiento de San Luis Potosí por la empresa Casanova Vallejo, una firma que fue sancionada por la Secretaría de la Función Pública en septiembre de 2022.
El contrato de arrendamiento, firmado en el mismo mes, fue por un total de 27.6 millones de pesos, con un acuerdo de 24 meses (del 19 de septiembre de 2022 al 10 de septiembre de 2024). Sin embargo, los sobrecostos en estos vehículos alcanzaron un alarmante 57% sobre su valor real, lo que representa un daño patrimonial estimado en 15 millones de pesos.
Lo que resulta aún más desconcertante es que, a pesar de que el contrato de arrendamiento con Casanova Vallejo finaliza en septiembre de 2024, se constató que Fernando Chávez continuaba utilizando una de estas unidades meses después de la expiración del acuerdo.
Según información proporcionada por el director de comunicación social del ayuntamiento, al concluir el contrato se pagó un peso por cada una de las 42 unidades arrendadas, lo que las convertiría en propiedad del municipio.
Sin embargo, el vehículo en cuestión presentó múltiples irregularidades en su alta vehicular, realizada el 15 de noviembre de 2022.
Para este trámite, se utilizó una credencial de INE con un domicilio en Ciudad de México a nombre de Pedro Victor Trejo García, que coincidía con un comprobante de domicilio de la CFE, pero con una dirección de San Luis Potosí.
Esta discrepancia en la documentación sugiere que se trató de un comprobante apócrifo, lo que podría implicar un delito.
A esta irregularidad se suman otros hechos preocupantes.
El 22 de noviembre de 2022, se realizó el cambio de propietario del vehículo, lo cual fue autorizado por el síndico municipal Víctor Hugo Salgado. Sin embargo, al verificar la autenticidad de la credencial de INE utilizada en el trámite, se descubrió que no estaba registrada en la base oficial del Instituto Nacional Electoral (INE). Esto pone en duda la validez del trámite y sugiere una posible falsificación de documentos.
El 6 de diciembre de 2024, tres meses después de la finalización del contrato de arrendamiento, el vehículo fue dado de baja. Sin embargo, en lugar de presentar un acta de extravío, se entregó una constancia de denuncia de robo, lo que indica que el trámite se realizó en condiciones sospechosas.
Esta diferencia es clave, ya que el acta de extravío es un documento oficial emitido por el Ministerio Público que confirma la pérdida de las placas, mientras que la constancia de denuncia solo reporta el hecho sin verificarlo.
Aparte de estas irregularidades, la baja del vehículo se gestionó en una oficina recaudadora de transporte público, lo cual es completamente inapropiado para el tipo de unidad en cuestión.
Esta acción sugiere un posible caso de corrupción, ya que la misma Secretaría de Comunicaciones y Transportes había denunciado prácticas irregulares en esa oficina, presuntamente coludida con el exsecretario de la SCT, Fernando Chávez.
Ciudadanos Observando exige una investigación profunda por parte de la Fiscalía General del Estado y que se actúe con total transparencia y responsabilidad.
Es fundamental esclarecer el paradero de las otras unidades vinculadas al contrato de arrendamiento y verificar el estatus legal de los vehículos.
Además, señalan que se debe investigar si realmente costaron un peso como lo afirmó el encargado de comunicación o si hubo un acuerdo oculto que favoreció a la empresa Casanova Vallejo y permitió los sobrecostos.
Asimismo, la organización solicita la destitución del oficial mayor, Salvador Moreno, por su posible complicidad en la red de irregularidades que ha sido evidenciada.