Aunque el Ayuntamiento de San Luis Potosí aplicó sanciones administrativas a exfuncionarios por omisiones en el caso del bar “Rich”, el sentir de los familiares de las víctimas es de insatisfacción. Las medidas de inhabilitación parecen poco contundentes frente a la magnitud de la tragedia.
En el caso de la tragedia del bar “Rich”, en la que fallecieron dos jóvenes en junio, las medidas del Ayuntamiento de San Luis Potosí liderado por Enrique Galindo Ceballos han sido catalogadas como insuficientes por los padres de las víctimas y diversos sectores de la sociedad. La Contraloría Municipal decidió aplicar inhabilitaciones de seis a doce meses a cuatro exfuncionarios de Comercio, sanción que los familiares consideran inadecuada para la gravedad de las omisiones que contribuyeron a los fatídicos hechos.
El alcalde Galindo reconoció la inconformidad de los familiares y, aunque mostró empatía, su postura pública se ha limitado a respaldar las decisiones de la Contraloría sin profundizar en soluciones más contundentes. “Yo platiqué con ellos y no hay sanción que satisfaga, no hay manera”, comentó el edil, quien aseguró que el Ayuntamiento ha cumplido, pese a que las sanciones emitidas han sido criticadas por su falta de proporcionalidad.
Más allá de las sanciones temporales, el alcalde anunció que los exfuncionarios no serán reincorporados a su administración, una medida que él define como un “compromiso ético”, más que como una consecuencia legal. No obstante, esta decisión no parece haber logrado apaciguar el malestar entre las familias de las víctimas ni en la opinión pública, que perciben que el gobierno local evade una respuesta firme y efectiva ante la falta de seguridad en establecimientos nocturnos.
Galindo defendió la actuación del municipio, mencionando que “la Contraloría tuvo el valor de sancionar y yo de hacer las separaciones del cargo”, en este contexto, el edil mencionó la implementación de reformas al Reglamento de Actividades Comerciales, sin que hasta el momento se haya anunciado un plan concreto para supervisar el cumplimiento de estas futuras regulaciones o sancionar de forma efectiva a quienes infrinjan las normas.
Mientras tanto, el caso “Rich” ha quedado como un símbolo de las lagunas en las políticas de seguridad nocturna en San Luis Potosí y como una advertencia de la necesidad urgente de una verdadera rendición de cuentas y protección para la ciudadanía en los espacios de entretenimiento.