Marcelino Rivera, quien se disputa una curul con el también panista Enrique Ortiz enfrenta 13 millones de pesos en deudas y una inhabilitación de 20 años por malversación de recursos públicos según reveló el IFSE
El Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE) confirmó que Marcelino Rivera, exalcalde de San Martín Chalchicuautla, tiene una deuda de más de 13 millones de pesos con el ayuntamiento, además de una inhabilitación para ocupar cargos públicos durante los próximos 20 años. Según Rodrigo Joaquín Lecourtois López, titular del IFSE, Rivera nunca mostró disposición para solventar las observaciones realizadas por la autoridad fiscalizadora, a pesar de haber tenido más de una década para hacerlo.
Lecourtois López aclaró que el proceso contra Rivera ha sido estrictamente administrativo y no está relacionado con temas electorales, como algunos han intentado sugerir. “Ni la Sala Monterrey del Tribunal Electoral ni el CEEPAC tienen alguna intervención en este caso, que es puramente una inhabilitación para ocupar cargos públicos por 20 años, acompañada de una sanción de resarcimiento al erario público por más de 13 millones de pesos, además de una multa cercana a los 800 mil pesos”, declaró el titular del IFSE.
El caso se originó por irregularidades detectadas durante el periodo 2013, cuando Rivera se desempeñaba como alcalde de San Martín Chalchicuautla. Las observaciones detectadas en su administración nunca fueron aclaradas ni solventadas, a pesar de las reiteradas oportunidades brindadas para atender las auditorías y llamados del IFSE. “Desde el 23 de mayo pasado se le informó que estaba inhabilitado, pero desde hace más de 10 años mostró desinterés total en atender el llamado de la autoridad fiscalizadora”, explicó Lecourtois López.
Además de la inhabilitación y las sanciones económicas, Rivera fue inscrito en el padrón público de funcionarios sancionados. El estatus de la inhabilitación también fue notificado tanto al Congreso del Estado como al Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (CEEPAC) para asegurar que Rivera no pueda participar en cargos públicos en el futuro.
Lecourtois López insistió en que todos los procedimientos legales se cumplieron, lo que hace que la inhabilitación y las sanciones sean definitivas.