La iniciativa ciudadana propone crear una ley específica que establezca reglas claras para otorgar este beneficio excepcional.
La llamada “Ley Sanjuana” fue presentada nuevamente ante el Congreso del Estado como una iniciativa ciudadana que busca regular el indulto en San Luis Potosí y evitar que su aplicación dependa de criterios discrecionales.
La propuesta fue promovida por Sanjuana Maldonado Amaya y el abogado José Mario de la Garza Marroquín, quienes solicitaron expedir la Ley que regula el beneficio del indulto en el Estado, con el objetivo de establecer un procedimiento claro para su otorgamiento, figura actualmente contemplada en la Constitución local.
Los promoventes señalan que el indulto es una medida de gracia mediante la cual se puede perdonar total o parcialmente una pena impuesta por sentencia firme, pero advierten que en la entidad su aplicación ha carecido de reglas específicas.
La iniciativa retoma el contexto del indulto concedido a Sanjuana Maldonado en junio de 2024, caso que, según el propio documento, evidenció fallas estructurales en el sistema judicial y la ausencia de mecanismos legales claros.
“El indulto a Sanjuana colocó los ojos de México y el mundo en San Luis Potosí”, expone la iniciativa, al señalar que el caso visibilizó problemas como la criminalización de personas vulnerables, la falta de defensa adecuada y la inexistencia de legislación que garantice transparencia en estos procedimientos.
Los promoventes advierten que la falta de regulación genera incertidumbre tanto para las personas privadas de la libertad como para las autoridades encargadas de resolver estas solicitudes.
La nueva promoción ocurre después de la reforma constitucional publicada el 18 de diciembre de 2025, mediante la cual el Congreso del Estado trasladó al titular del Poder Ejecutivo la facultad exclusiva de conceder indultos.
Esta atribución anteriormente correspondía al Poder Legislativo.
La reforma también estableció la obligación de expedir una ley reglamentaria en un plazo máximo de 180 días naturales, lo que refuerza la necesidad de contar con un marco jurídico específico.
Por ello, los promoventes señalaron que la iniciativa original fue actualizada para ajustarse a la nueva disposición constitucional, bajo la cual el gobernador será quien resuelva estos casos.
Proponen crear comisión y procedimiento formal
Entre los puntos principales, la iniciativa plantea:
– Crear un procedimiento formal para solicitar el indulto
– Establecer una Comisión Interdisciplinaria que analice cada caso
– Implementar medidas de protección para las víctimas
– Evitar que la persona indultada resida en el mismo lugar que el ofendido
También propone modificar la Ley Orgánica del Poder Legislativo para eliminar cualquier atribución del Congreso en esta materia, manteniendo únicamente su facultad de conceder amnistías.
En la exposición de motivos, los promoventes sostienen que contar con una ley específica es necesario para garantizar certeza jurídica, transparencia y respeto a los derechos humanos.
La iniciativa fue turnada a las comisiones de Puntos Constitucionales, Gobernación y Primera de Justicia para su análisis y eventual aprobación.