El IFSE detectó anomalías por 14.5 millones de pesos en la construcción de una unidad deportiva: adjudicación directa sin licitación, sobreprecios, pagos en exceso y trabajos fuera de especificación.
El Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE) presentó una denuncia penal por presuntas irregularidades en la construcción de una unidad deportiva en Axtla de Terrazas, por un monto de 14.5 millones de pesos, correspondientes al ejercicio fiscal 2024.
El auditor superior, Rodrigo Joaquín Lecourtois López, informó que la denuncia se presentó hace aproximadamente un mes, luego de detectar que la obra fue adjudicada directamente a un contratista sin realizar la licitación pública correspondiente.
Además, la revisión identificó pagos a sobreprecio, trabajos cobrados en exceso, incumplimiento de especificaciones y falta de documentación técnica y comprobatoria.
“Hubo una evasión del procedimiento de adjudicación: la licitación pública. Fue adjudicado de manera directa a un contratista favorecido que no cumplió con el proyecto y al cual se le pagó a sobreprecio; el Área de Investigación del Instituto presentó una denuncia penal, de la que el funcionario público presuntamente responsable tuvo conocimiento en su momento”, señaló.
Agregó que esto forma parte de los pliegos de observaciones determinados en la auditoría a la Cuenta Pública 2024 del Ayuntamiento en cuestión e indiscutiblemente se trata de un tema penal que fue atendido en tiempo y forma.
El caso surge después de que el gobernador Ricardo Gallardo Cardona acusara a la administración del exalcalde morenista Gregorio Cruz Martínez de haberse apropiado de 20 millones de pesos destinados a la unidad deportiva.
A diferencia de los señalamientos del gobernador, las irregularidades denunciadas por el IFSE se relacionan con la contratación, los costos y la ejecución de la obra, no con su inexistencia.
Sin embargo, el IFSE señaló que la obra pública observada en su totalidad no es el único concepto manejado de manera irregular durante ese ejercicio; también hay observaciones cuantiosas en rubros como materiales y suministros, y servicios generales.
Hasta el momento, no se han dado a conocer los delitos específicos incluidos en la denuncia ni la identidad del funcionario señalado. La Fiscalía deberá investigar los hechos y determinar las posibles responsabilidades penales.