Especialista advierte que el avance de esta tecnología supera la capacidad de respuesta legislativa y pidió priorizar los derechos humanos y la supervisión de las personas.
México enfrenta un retraso legislativo frente al desarrollo de la inteligencia artificial, advirtió Saúl Rodríguez Corona, catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), quien señaló que el país necesita reglas claras para proteger los derechos de las personas ante el uso de esta tecnología.
“Nos está ganando la inteligencia artificial en cuanto a la carrera con la regulación propia de la misma”, expresó.
Aunque en el Congreso de la Unión se han presentado distintas propuestas, México todavía no cuenta con una ley general que regule integralmente la inteligencia artificial.
Entre las iniciativas presentadas en 2026 se encuentra una propuesta de junio para crear una Ley General para la Regulación y Uso Ético de la Inteligencia Artificial, que contempla clasificar los sistemas según sus riesgos, establecer obligaciones para sus desarrolladores y crear una agencia nacional de supervisión. La propuesta permanece pendiente en comisiones.
También se han planteado reformas al artículo 73 constitucional para facultar expresamente al Congreso de la Unión a expedir una ley general y establecer mecanismos de coordinación entre autoridades federales, estatales y municipales.
Para Rodríguez Corona, la regulación debe atender problemas como la manipulación de imágenes y voces, la protección de datos personales, los derechos de autor y la responsabilidad por daños ocasionados mediante sistemas automatizados.
El académico advirtió que estas herramientas también pueden reproducir sesgos discriminatorios o generar información incorrecta, por lo que su utilización en ámbitos delicados, como la impartición de justicia, requiere vigilancia humana.
“Es fundamental que sea auxiliar en el quehacer diario, como en la justicia, siempre y cuando no dependa totalmente de su autonomía; tiene que estar siempre supervisada por personas”, puntualizó.
En San Luis Potosí, donde el Congreso derogó en julio disposiciones penales relacionadas con el uso de inteligencia artificial tras una controversia por sus posibles efectos sobre la libertad de expresión, el especialista consideró favorable que se organicen foros con universidades, desarrolladores y otros sectores para construir propuestas con sustento técnico.
Rodríguez Corona destacó que el objetivo no debe ser frenar la innovación, sino establecer un marco jurídico equilibrado que permita aprovechar sus beneficios sin comprometer los derechos fundamentales.
En San Luis Potosí, el diputado Marco Antonio Gama Basarte, de Movimiento Ciudadano, presentará este martes 27 de octubre una iniciativa para crear una Comisión Permanente de Inteligencia Artificial en el Congreso del Estado, que se encargaría de analizar propuestas legislativas, revisar las leyes vigentes y promover la colaboración con especialistas y universidades. De aprobarse, el Congreso pasaría de 27 a 28 comisiones permanentes, con un órgano especializado para abordar futuras regulaciones sobre esta tecnología.