Tras un nuevo rechazo en el Congreso de SLP, activistas preparan una tercera iniciativa para prevenir y detectar la violencia contra las infancias en las escuelas; ahora buscarán fortalecer los comités de seguridad que ya existen en los planteles.
Ante el panorama de rechazo a sus propuestas en el Congreso del Estado, activistas de las organizaciones Apoyare A.C. y SHAKTI Atención Integral de las Niñas y Niños preparan una tercera iniciativa para fortalecer la prevención, detección y atención de la violencia contra niñas, niños y adolescentes en las escuelas de San Luis Potosí.
La nueva propuesta surge después de que la Comisión de Educación consideró improcedente la iniciativa presentada por Claudia Cuéllar Ochoa, Mariana Juárez Moreno y Mónica Reynoso Morales, que buscaba crear unidades especializadas en las escuelas para detectar posibles casos de violencia contra las infancias, brindar una primera atención y canalizarlos ante las instituciones correspondientes.
Claudia Cuéllar Ochoa explicó que el nuevo planteamiento será presentado aproximadamente en noviembre y retomará uno de los propios argumentos utilizados por la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado (SEGE) y el Legislativo para considerar improcedente su iniciativa más reciente: que los planteles ya cuentan con comités de seguridad.
“Si la SEGE y Congreso están señalando que ya existen los comités de seguridad, entonces blindar a los comités de seguridad que existen ya en las escuelas, capacitarlos para que puedan hacer estas funciones de la detección, prevención y atención de la violencia en contra de niños, niñas y adolescentes”, explicó.
Esta semana, la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología aprobó el dictamen para declarar improcedente la propuesta, al considerar que varias de las funciones planteadas ya están contempladas en la legislación vigente y que su implementación implicaría recursos adicionales sin contar con una evaluación de impacto presupuestario.
Entre los argumentos expuestos se señaló que varias de las funciones propuestas ya estarían contempladas en el marco jurídico y que la creación de nuevas unidades implicaría recursos adicionales, sin que la iniciativa incluyera una evaluación de impacto presupuestario.
Cuéllar aclaró que los comités de seguridad mencionados por las autoridades sí existen, pero actualmente tienen otras atribuciones. “Las unidades de género no existen, los comités de seguridad sí existen, pero […] tienen otras funciones, no es una función de prevención”, sostuvo.
La activista también cuestionó el argumento presupuestario y pidió revisar las prioridades gubernamentales, al señalar que niñas, niños y adolescentes representan alrededor de una tercera parte de la población estatal.
“Hay dinero para todo menos para lo que es urgente. Si tomamos en cuenta que el 33% de la población de San Luis Potosí son niñas, niños y adolescentes, yo exhorto a las autoridades a que vean cuáles son sus prioridades”.
Este no es el primer proyecto de las promoventes que enfrenta un rechazo legislativo. Una iniciativa presentada por Cuéllar y Juárez en septiembre de 2023, relacionada también con mecanismos contra la violencia en espacios escolares, permaneció cerca de dos años en comisiones antes de ser desechada en 2025.
Ahora buscarán modificar la estrategia: en lugar de crear nuevas unidades, la tercera propuesta planteará fortalecer las estructuras que ya existen dentro de las escuelas para que incorporen expresamente funciones de prevención, detección y atención de las violencias contra niñas, niños y adolescentes.