El Congreso de SLP reportó más de 300 decretos en su segundo año, pero de las 499 iniciativas presentadas, 357 seguían sin procesarse al corte del informe. Mientras tanto, los tres poderes defendieron el diálogo y la coordinación institucional rumbo al proceso electoral de 2027.
El Congreso de San Luis Potosí cerró este viernes 11 de agosto su segundo año legislativo con 499 iniciativas presentadas, pero sólo 142 fueron procesadas dentro de ese mismo periodo, de acuerdo con la numeralia oficial con corte al 2 de septiembre. Esto significa que 357 propuestas, equivalentes al 71.5 por ciento, seguían pendientes.
Además, las y los diputados resolvieron 144 iniciativas que venían arrastrándose desde el primer año, por lo que una parte importante del trabajo del periodo también se destinó a atender rezagos anteriores.
Durante este segundo año se realizaron 72 sesiones del Pleno y 16 de la Diputación Permanente, además de reuniones de comisiones, foros y mesas de trabajo. El Congreso reportó también más de 300 decretos, 84 puntos de acuerdo y 2 mil 335 asuntos de correspondencia turnados a distintas comisiones.
Entre los resultados destacados aparecen modificaciones a 69 leyes, códigos y reglamentos, además de ocho minutas federales para reformar la Constitución del país y 18 dictámenes relacionados con cambios a la Constitución de San Luis Potosí.
Las minutas federales incluyeron temas como la jornada laboral de 40 horas, feminicidio, extorsión, límites a pensiones y jubilaciones públicas, nulidad de elecciones por intervención extranjera y cambios al Poder Judicial. En estos casos, el Congreso de San Luis Potosí no creó las reformas, sino que las avaló como parte del proceso constitucional federal.
Durante la presentación del informe, la presidenta de la Directiva, Sara Rocha Medina, defendió que el trabajo del Congreso no debe medirse únicamente por la cantidad de asuntos resueltos.
“La verdadera eficiencia de un parlamento no puede medirse únicamente por la cantidad de asuntos que resuelve, sino por su capacidad para convertir las diferencias en decisiones útiles y las necesidades sociales en mejores leyes”.
Rocha sostuvo que los acuerdos entre las siete fuerzas políticas representadas en el Congreso no eliminaron el debate, sino que permitieron procesar diferencias y alcanzar consensos.
El secretario general de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez, también defendió la coordinación entre poderes y rechazó que la falta de confrontación deba verse como algo negativo.
“Se equivocan quienes se decepcionan de la ausencia de conflicto. No puede haber encono entre poderes cuando lo que se premia es el interés público”.
Torres Sánchez informó además que 11 iniciativas enviadas por el Gobierno del Estado fueron aprobadas durante el último año, entre ellas la remuneración mínima de 14 mil pesos para policías municipales, reformas en materia educativa, donaciones de inmuebles y el distintivo “Hecho en San Luis Potosí”.
La presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Lourdes Anahí Zarazúa Martínez, también habló de mantener una relación de diálogo entre instituciones, aunque señaló que esta coordinación debe darse “sin comprometer nuestra independencia”.
El mensaje de unidad entre poderes también estuvo acompañado de referencias al proceso electoral de 2027. Torres Sánchez llamó a evitar que la competencia política se traduzca en confrontaciones que afecten la estabilidad del estado y defendió un debate público en el que tengan espacio tanto las voces que coinciden como las que cuestionan.