A casi tres meses del violento desalojo en La Peña, una familia de la comunidad indígena obtuvo una suspensión definitiva que mantiene la orden de devolverle su vivienda y terreno mientras continúa el juicio de amparo.
Una familia de la comunidad indígena de La Peña, en Tampamolón Corona, obtuvo una suspensión definitiva de la justicia federal que mantiene la orden para restituirle la posesión de su vivienda y predio, luego del desalojo registrado en junio pasado.
De acuerdo con información difundida por el Observatorio Indígena Mesoamericano, la determinación forma parte del Incidente de Suspensión 405/2026, tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Ciudad Valles. En una etapa previa, un Tribunal Colegiado ordenó que la suspensión no sólo frenara nuevas afectaciones, sino que también sirviera para devolver a la familia la posesión de su vivienda y terreno; ahora, esa medida fue confirmada de manera definitiva mientras se resuelve el juicio de amparo.
Ahora, la suspensión definitiva mantiene esa protección mientras continúa el juicio de amparo, por lo que las autoridades involucradas deberán respetar la restitución ordenada sin que esto represente todavía una resolución sobre el fondo de la disputa por la propiedad de las tierras.
El Observatorio informó además que entre las autoridades sujetas al cumplimiento de la determinación se encuentran el Juez de Control de Tancanhuitz, agentes del Ministerio Público y corporaciones como la Guardia Civil Estatal, Policía de Investigación y Policía Municipal.
Asimismo, señaló que el Juzgado estableció apercibimientos de hasta 230 Unidades de Medida y Actualización (UMA) ante retrasos u omisiones en el cumplimiento de las medidas ordenadas.
El caso deriva del conflicto por el predio La Peña, donde habitantes indígenas denunciaron haber sido desalojados violentamente el pasado 9 de junio. Las imágenes de golpes y detenciones durante el operativo se difundieron ampliamente, mientras los pobladores denunciaron posteriormente la destrucción de viviendas, cultivos y pertenencias.
El Ayuntamiento de Tampamolón ha sostenido una versión distinta: asegura que el litigio judicial se limita a dos familias y un terreno de diez hectáreas donado al municipio. Los habitantes, por su parte, afirman que la comunidad está integrada por alrededor de 100 familias y mantiene desde hace más de tres décadas la posesión de aproximadamente 200 hectáreas.
La suspensión definitiva conocida este 28 de agosto corresponde específicamente a una de las familias que recurrió a la justicia federal y mantiene su protección mientras se resuelve el juicio de amparo.