La reforma constitucional establece nuevos requisitos para ocupar la titularidad de la Fiscalía General del Estado y precisa que no serán aplicables a la actual fiscal.
El Congreso de San Luis Potosí aprobó este miércoles una reforma constitucional que establece nuevos requisitos para ocupar la titularidad de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí, además de poner límites a quienes hayan tenido cargos políticos recientemente.
La modificación al artículo 122 Bis de la Constitución estatal fue avalada por mayoría durante una Sesión Extraordinaria, con la abstención de Morena.
Uno de los principales cambios es que los requisitos para ser fiscal ya no estarán ligados a los que se establezcan para las magistraturas del Supremo Tribunal de Justicia del Estado.
Esto permitirá que cualquier modificación futura al Poder Judicial no cambie automáticamente las condiciones para encabezar la Fiscalía.
A partir de ahora, quien aspire al cargo deberá cumplir, entre otras condiciones, con:
-Ser mexicana o mexicano por nacimiento.
-Tener al menos 35 años al momento de la designación.
-Contar con licenciatura en Derecho y cédula profesional con una antigüedad mínima de cinco años.
-Acreditar por lo menos cinco años de experiencia en áreas como ejercicio jurídico, procuración de justicia, litigio, docencia, investigación jurídica, servicio público o asesoría legal.
La reforma también establece que la persona titular de la Fiscalía permanecerá siete años en el cargo y no podrá reelegirse.
Pero además se incluyeron restricciones para evitar que el puesto sea ocupado inmediatamente por personas con determinados antecedentes políticos. Los aspirantes no podrán haber sido gobernador, diputado local o presidente municipal durante el año previo a su designación.
Aunque los requisitos cambian, la actual Fiscal General, María Manuela García Cázares no tendrá que someterse a estas nuevas condiciones.
El artículo tercero transitorio precisa que la actual titular de la Fiscalía continuará en el cargo conforme a las reglas que estaban vigentes cuando tomó protesta. Es decir, los nuevos requisitos no se aplicarán de manera retroactiva.