La propuesta plantea que aseguradoras cubran los costos operativos de los servicios de emergencia, agiliza la importación de equipo donado e impulsa mayores incentivos fiscales para fortalecer a las corporaciones de rescate.
Con el propósito de fortalecer la capacidad operativa de los cuerpos de emergencia en México y garantizar su sostenibilidad financiera, el Diputado Federal Juan Carlos Valladares Eichelmann (PVEM) presentó un paquete de reformas a diversos ordenamientos legales que busca dignificar el trabajo de los Cuerpos de Bomberos y de la Cruz Roja Mexicana, mediante un modelo de “Gasto Cero”, sin representar una carga adicional para las finanzas públicas.
La iniciativa parte del reconocimiento de que, durante décadas, estas instituciones han dependido en gran medida de donativos y colectas para mantener su operación, pese a desempeñar una labor esencial en la protección de la vida, el patrimonio y la seguridad de las familias mexicanas.
Uno de los principales ejes de la propuesta consiste en reformar la Ley sobre el Contrato de Seguro para establecer que las compañías aseguradoras reembolsen directamente a los cuerpos de rescate los costos derivados de su intervención en siniestros ocurridos en bienes asegurados.
Actualmente, cuando Bomberos o Cruz Roja atienden incendios, accidentes o emergencias, son estas instituciones quienes absorben el gasto generado por el uso de combustible, agentes extintores, equipo especializado y el desgaste de sus unidades, aun cuando su intervención reduce significativamente las pérdidas económicas de las aseguradoras.
La reforma plantea que dicho reembolso pueda alcanzar hasta el 2 por ciento de la suma asegurada, con un mínimo equivalente a tres UMA diarias por cada hora de servicio, garantizando un mecanismo de financiamiento justo sin afectar el costo de las pólizas para los usuarios.
Como parte del paquete legislativo, también se propone crear un régimen aduanero exprés para Bomberos y Cruz Roja mediante reformas a la Ley Aduanera, con el objetivo de agilizar la importación del equipo especializado que reciben como donación desde el extranjero.
La iniciativa establece que estos insumos queden exentos del pago de impuestos al comercio exterior y que su despacho aduanero se realice en un plazo máximo de 48 horas, además de exentar del IVA la importación de dichos bienes mediante reformas a la Ley del Impuesto al Valor Agregado.
Asimismo, la propuesta incorpora incentivos fiscales para fortalecer el apoyo del sector privado, permitiendo la deducción al 100 por ciento de los donativos en especie destinados a estas instituciones, como vehículos de rescate, herramientas, equipo médico y material especializado, sin que dichos apoyos se contabilicen dentro del límite general aplicable a otras organizaciones. También plantea incrementar del 7 al 10 por ciento el porcentaje deducible para las aportaciones económicas directas.
En materia de coordinación institucional, la iniciativa contempla reformas a la Ley General de Protección Civil y a la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal para facilitar convenios de colaboración con la SICT y CAPUFE que permitan mejorar el acceso y la operación de los cuerpos de emergencia en carreteras y vías federales estratégicas.
De igual forma, propone la creación de una Plataforma Digital y del Registro Nacional de Instituciones de Atención de Emergencias, mediante los cuales ciudadanos y contribuyentes podrán identificar, conocer y dirigir sus aportaciones directamente a las corporaciones que operan en sus estados y municipios, fortaleciendo la transparencia y el desarrollo de las capacidades locales.
“Tener instituciones de emergencia fuertes, equipadas y dignificadas no es un lujo, es una condición indispensable para el desarrollo y la paz social. Una sociedad que cuida a sus rescatistas es una sociedad que valora el futuro de sus familias. Detrás de cada sirena hay una vida dispuesta a salvar otra; nuestra responsabilidad es garantizar que nunca les falten las herramientas para volver a casa”, expresó el legislador.
El paquete de iniciativas fue turnado a las comisiones dictaminadoras correspondientes de la Cámara de Diputados para su análisis y eventual discusión.