Aunque el gobernador ya presentó la iniciativa para derogar la llamada Ley Serrano, la reforma sigue vigente hasta que el Congreso la apruebe; el miércoles inicia su ruta en el legislativo.
La iniciativa del gobernador Ricardo Gallardo Cardona para eliminar la llamada Ley Serrano aún no entra en vigor. Aunque el Ejecutivo ya envió la propuesta al Congreso del Estado, primero deberá ser recibida por la Diputación Permanente, turnada para su análisis y posteriormente votada por las y los diputados en un periodo extraordinario antes de que pueda publicarse y hacerse efectiva.
De aprobarse la derogación, el proceso no concluirá ahí. El Ejecutivo ha planteado que posteriormente se realizarán foros y consultas con periodistas, especialistas, academia y otros sectores para construir una nueva regulación sobre inteligencia artificial, la cual sería presentada más adelante al Congreso del Estado.
El diputado panista Rubén Guajardo Barrera explicó que la convocatoria a la Diputación Permanente para este miércoles hace prever que el siguiente paso será un periodo extraordinario la próxima semana.
“El miércoles vamos a tener en el Congreso del Estado, a las 10 de la mañana, Comisión Permanente. Imagino que se recibirá esta iniciativa y la próxima semana creo lo más correcto es que se cite a un periodo extraordinario para poder derogar toda la reforma en materia penal al código que establecía este articulado para que ya quede como antes”.
El legislador señaló que la propuesta enviada por el Ejecutivo únicamente elimina los delitos relacionados con el uso indebido de inteligencia artificial incorporados al Código Penal mediante la llamada Ley Serrano, por lo que será el Congreso quien tenga la última palabra sobre su derogación.
La iniciativa del Ejecutivo propone eliminar del Código Penal los tres delitos creados por la llamada Ley Serrano relacionados con el uso indebido de inteligencia artificial: el uso no autorizado de imagen o voz generada con IA, la manipulación institucional y la difusión dolosa de desinformación. También desaparecen todas las referencias a esas conductas dentro del Código Penal, por lo que, de aprobarse, la legislación volvería al estado en que se encontraba antes de la reforma.
La propuesta no incorpora una nueva regulación, sino que únicamente plantea la derogación de las disposiciones penales para, en una etapa posterior, elaborar una nueva iniciativa con base en los resultados de los foros y mesas de análisis.