Buscan que deudores alimentarios no pasen desapercibidos al casarse o comprar una casa.
Una iniciativa ciudadana presentada por Luis González Lozano propone que en San Luis Potosí sea obligatorio presentar el certificado de no inscripción en el Padrón Estatal de Personas Deudoras Alimentarias Morosas en diversos trámites, como operaciones de compraventa de inmuebles y solicitudes de matrimonio, con el fin de armonizar la legislación estatal con el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias.
La propuesta reforma el Código Familiar, la Ley del Notariado, la Ley del Registro Público de la Propiedad y la Ley del Registro Civil para que el certificado tenga efectos legales dentro de estos procedimientos. No obstante, el documento aclara que la falta del certificado o la inscripción como deudor alimentario no impedirían comprar o vender un inmueble ni contraer matrimonio; únicamente obligarían a que esa condición quede asentada y, en algunos casos, sea notificada a la autoridad judicial correspondiente.
En el caso de las operaciones inmobiliarias, los notarios tendrían que solicitar el certificado, anexarlo a la escritura y, si alguna de las partes aparece inscrita como deudora alimentaria, hacerlo constar y dar vista al juez que ordenó la inscripción. Si el documento no se presenta, la operación podrá realizarse, pero el notario deberá dejar constancia de ello.
Asimismo, el Registro Público de la Propiedad incluiría en la inscripción de estos actos la mención de si el certificado fue exhibido o no, mientras que, en las solicitudes de matrimonio, el Oficial del Registro Civil consultaría el padrón e informaría a los contrayentes si alguno se encuentra registrado como deudor alimentario moroso. En ningún caso esto constituiría un impedimento para celebrar el matrimonio.
El promovente argumenta que el padrón estatal actualmente tiene efectos limitados y no está plenamente conectado con el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias, por lo que la iniciativa busca fortalecer su funcionamiento mediante mecanismos de publicidad e información, sin crear nuevas restricciones ni estructuras administrativas.
La propuesta será analizada en las comisiones de Segunda de Justicia; y Régimen Interno y Asuntos Electorales.