Se determinó algún grado de responsabilidad de parte de tres funcionarios estatales mismos que fueron sancionados e inhabilitados
El titular de la Contraloría General del Estado (CGE) Sergio Aguiñaga Muñíz informó que la investigación interna que se hizo para determinar responsabilidades en dependencias de la administración estatal por el caso “Rich” ya concluyó, siendo que se determinó el cese y la inhabilitación de tres funcionarios, de Protección Civil Estatal, Coepris y Gobernación respectivamente.
Asimismo indicó que también están pendientes diversos amparos que han interpuesto familiares de las víctimas relacionado con las sanciones penales a los funcionarios responsables y está pendiente de resolverse este tema jurídico, no obstante aseveró que la sanción administrativa a los funcionarios se encuentra ya en firme.
De igual manera Aguiñaga Muñíz sostuvo que luego de los peritajes y las investigaciones que realizó la Contraloría Estatal, la realidad es que la mayor parte de la responsabilidad de lo sucedido tiene que ver con el Ayuntamiento de la capital potosina, puesto que ellos son los facultados en revisar que las obras autorizadas cuenten con todas las medidas de seguridad y protección civil.
El funcionario explicó que se determinó que la situación fundamental que derivó en la muerte de dos jóvenes y las lesiones para otra decena de ellos, tuvo que ver especialmente con el hecho de que el barandal se venció “no tanto los permisos, sino más bien la construcción como tal puesto que lo que se presentó fue una deficiencia de origen en parte del inmueble”.