Colectivos y activistas de la coalición movilidad segura, junto con diputados locales y el Gobierno del Estado, presentaron ante el Congreso del Estado una nueva versión de la iniciativa de Ley de Movilidad y Seguridad Vial, denominada “Ley Santi 2.0”, la cual incorpora nuevos mecanismos de participación ciudadana, atención a víctimas de siniestros y coordinación institucional.
La propuesta fue elaborada durante más de un año de trabajo conjunto entre organizaciones civiles, universidades, dependencias estatales y el Poder Legislativo, luego de que la primera versión de la iniciativa ciudadana permaneciera sin dictaminar desde marzo de 2024 y derivara incluso en una sentencia del Tribunal Electoral del Estado que ordenó al Congreso resolverla en un plazo de tres meses.
Durante la presentación, Roberto Josué Rodríguez Santiago explicó que la nueva versión busca que las distintas dependencias del gobierno puedan reconocer de manera clara sus obligaciones y aplicar realmente la ley.
Agregó que el objetivo principal sigue siendo “salvar vidas” ante las más de 600 muertes y más de dos mil personas lesionadas por siniestros viales cada año en San Luis Potosí.
Entre los principales cambios, Ivonne Aguayo Huerta destacó la creación de un observatorio ciudadano de movilidad que funcionará como órgano de asesoría del sistema estatal de movilidad y seguridad vial. Explicó que este mecanismo permitirá que la ciudadanía pueda presentar propuestas para ser revisadas mediante observatorios y comités especializados.
La nueva iniciativa también incorpora protocolos de atención a víctimas de siniestros viales. Rodríguez Santiago detalló que se busca coordinar a instituciones como Cruz Roja, Protección Civil y autoridades estatales y municipales para garantizar mecanismos claros de atención y canalización de denuncias.
Otro de los ejes centrales es el enfoque de “sistemas seguros”, el cual plantea que la seguridad vial no depende únicamente del comportamiento individual, sino también de infraestructura segura, regulación vehicular y políticas públicas. Víctor Hernández explicó que la iniciativa pone especial atención en la gestión de velocidad y en el diseño de entornos más seguros para peatones, ciclistas y automovilistas.
Claudio Iván Aldrete López señaló que uno de los cambios más importantes es la creación de un sistema estatal de seguridad vial que permita coordinar a dependencias estatales y municipales. “Sin una coordinación, no se puede avanzar en la materia”, sostuvo al señalar que actualmente las competencias en tránsito, transporte y seguridad pública operan de manera fragmentada.
La subsecretaria de Enlace Interinstitucional, Ana Sofía Aguilar Rodríguez, explicó que la iniciativa responde a la armonización pendiente con la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, pero adaptada a las necesidades específicas de San Luis Potosí. Añadió que la propuesta incluye un sistema digital de información para generar políticas públicas basadas en datos y aseguró que el gobernador Ricardo Gallardo instruyó trabajar directamente con colectivos y ciudadanía para construir una norma “que realmente se pueda ejecutar y que se pueda materializar”.
Los promoventes señalaron que la iniciativa todavía deberá pasar por consultas dirigidas a personas con discapacidad y pueblos originarios antes de avanzar en el proceso legislativo. No obstante, hicieron un llamado a la ciudadanía a involucrarse en la discusión. “La movilidad es un derecho, no un privilegio. Entonces tenemos que defender nuestros derechos”, expresaron durante la presentación.