Un juez federal volvió a conceder un amparo a la organización Cambio de Ruta por la falta de información sobre la recaudación y destino del impuesto ambiental en San Luis Potosí.
La Justicia Federal concedió un amparo a la organización Cambio de Ruta al considerar que la Secretaría de Finanzas del Gobierno de San Luis Potosí no respondió de manera clara a solicitudes de información sobre el dinero recaudado mediante el Impuesto sobre Emanaciones Contaminantes (ISEC), conocido como impuesto ecológico.
La resolución fue emitida dentro del juicio de amparo indirecto 158/2026, promovido por Luis González Lozano, director de la asociación, quien solicitó conocer cuánto se había recaudado por este impuesto, cómo se estaba utilizando el recurso y cuál era su destino. Sin embargo, de acuerdo con la sentencia, la dependencia estatal respondió enviando enlaces y oficios generales sin explicar de forma precisa la información solicitada.
La jueza federal señaló que las autoridades no pueden limitarse a proporcionar vínculos genéricos o documentos ambiguos cuando una persona solicita información relacionada con recursos públicos. La resolución establece que las dependencias están obligadas a emitir respuestas fundadas, motivadas y congruentes con cada planteamiento realizado por la ciudadanía.
El fallo también recuerda que el artículo 6 constitucional obliga a las autoridades a privilegiar la máxima publicidad de la información pública, mientras que el artículo 8 garantiza el derecho de petición. El Juzgado Segundo de Distrito determinó que esa respuesta fue insuficiente y recordó que las autoridades tienen la obligación de entregar información pública de forma clara, completa y congruente, especialmente cuando se trata del manejo de recursos públicos.
Como parte de la resolución, la Secretaría de Finanzas deberá emitir una nueva respuesta y atender puntualmente las preguntas realizadas por el activista.
El impuesto ambiental fue planteado originalmente por el Gobierno del Estado a finales de 2023 bajo el argumento de incentivar prácticas menos contaminantes y generar recursos para remediación ambiental. No obstante, desde su discusión inicial enfrentó cuestionamientos de organismos empresariales por la falta de reglas claras, metodologías de medición y criterios de aplicación.
Tras diversas reformas legales, prórrogas y ajustes a sus estímulos fiscales, el gravamen entró formalmente en vigor en 2025; pero en abril de 2026 el gobernador Ricardo Gallardo Cardona reconoció que la recaudación apenas alcanzó alrededor del 6 por ciento de la meta proyectada para ese año.
En enero de 2026, además, el Gobierno estatal modificó los estímulos fiscales del impuesto, reduciendo aún más las cuotas aplicables para distintos rangos de emisiones contaminantes, especialmente para empresas de gran escala. Sobre este contexto, Cambio de Ruta acusó que persiste “opacidad sobre el dinero recaudado por el impuesto ecológico”, mientras que la organización aseguró que continuará exigiendo “cuentas claras, información pública completa y gobiernos responsables”.