

La diputada Gabriela López Torres advirtió que en San Luis Potosí apenas el 43% de las personas obligadas por sentencia paga pensión alimenticia, por lo que el Congreso busca hacer público el padrón de deudores para presionar el cumplimiento de esta obligación.
La diputada Gabriela López Torres aseguró que en San Luis Potosí apenas el 43 por ciento de las personas obligadas por sentencia cumplen con el pago de pensiones alimenticias, mientras que el resto incurre en incumplimientos pese a existir resoluciones judiciales.
La legisladora señaló que actualmente según lo que le ha informado la Magistrada Lourdes Anahí Zarazúa Martínez , Presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE) muchas sentencias quedan únicamente “en papel”, ya que no existen mecanismos efectivos para obligar a las personas deudoras a cumplir con los pagos establecidos.
“Puede haber sentencias en papel y en figura muy bien establecidas, pero al momento de causar ejecutoria no funcionan”, declaró.
Ante este panorama, adelantó que están por dictaminarse iniciativas impulsadas junto con la diputada Roxanna Hernández para hacer público el padrón de personas deudoras alimentarias en San Luis Potosí.
López Torres sostuvo que la Suprema Corte ya determinó que exhibir públicamente a quienes incumplen con estas obligaciones no viola sus derechos y, por el contrario, puede ayudar a presionar para que realicen los pagos adeudados.
El padrón estatal de deudores alimentarios fue aprobado en San Luis Potosí en 2022 y comenzó a operar formalmente en 2023 bajo responsabilidad del Poder Judicial del Estado. Sin embargo, en distintas ocasiones legisladores y colectivas han cuestionado su eficacia debido a retrasos en registros, falta de publicidad y limitaciones para hacer exigible el cumplimiento de las pensiones.

