Tras reunirse con funcionarios de la Suprema Corte, el Congreso del Estado acordó avanzar “por etapas” en las consultas a pueblos indígenas y personas con discapacidad debido a la falta de presupuesto. Legisladores reconocieron que los tiempos electorales ya no permitirían aplicar reformas sobre elección por usos y costumbres para la el proceso electoral de 2027, mientras trabajan en un protocolo para evitar nuevas impugnaciones.
El Congreso del Estado acordó avanzar “por etapas” en el cumplimiento de las sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación relacionadas con consultas a comunidades indígenas y personas con discapacidad, lo que prácticamente deja fuera para la elección de 2027 cualquier reforma electoral vinculada a usos y costumbres; mientras analizan otras consultas pendientes en materia educativa.
Tras la reunión con funcionarios de la Corte, legisladores reconocieron que el principal obstáculo sigue siendo la falta de recursos para realizar las consultas obligatorias. En el encuentro participaron el Lic. Fermín Santiago Santiago, secretario de la Sección de Trámite de Controversias Constitucionales y de Acciones de Inconstitucionalidad, y la Lic. Arely Hernández Jiménez, secretaria de Estudio y Cuenta responsable de acciones pendientes de cumplimiento.
El coordinador parlamentario del PAN, Rubén Guajardo, admitió que “no se resolvió el nudo gordiano” sobre de dónde saldrán los recursos para cumplir con la sentencia. Explicó que la Suprema Corte planteó que el proceso pueda desarrollarse “por etapas”, comenzando con la elaboración de un protocolo y la planeación de costos.
Guajardo señaló que los tiempos electorales complican cualquier modificación antes de la elección: “No podríamos modificar la ley porque 90 días antes de que inicie el proceso tendría que estar ya la ley”. Por ello, reconoció que la consulta indígena en materia electoral podría concretarse “una vez concluido o después del proceso electoral del 2027”.
En rueda de prensa, la coordinadora del PRI, Sara Rocha Medina, afirmó que ya existe un acuerdo para iniciar la construcción de un protocolo “firme y claro” que permita evitar futuras impugnaciones. Sin embargo, el coordinador del PVEM, Héctor Serrano Cortés, aclaró que aún no existe una ruta definitiva de financiamiento y que incluso se analiza firmar un convenio con el Gobierno del Estado para reducir costos.
Serrano detalló que el Congreso busca disminuir hasta en un 80 por ciento el costo estimado de las consultas, actualmente calculado en alrededor de 15 millones de pesos, mediante reglas claras sobre sedes, participantes y logística.
Aunque legisladores insistieron en que sí habrá avances este año en la elaboración del protocolo, reconocieron que la consulta indígena vinculada a la reforma electoral ya no alcanzaría a impactar el proceso electoral de 2027.