El reconocimiento oficial abriría la puerta para que comunidades de la Huasteca potosina puedan gestionar apoyos sin intermediarios y fortalecer la preservación de su identidad, organización comunitaria y tradiciones culturales.
Seis comunidades de Tamuín buscan obtener el reconocimiento oficial como pueblos indígenas ante el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), un trámite que les permitiría acceder directamente a apoyos federales para proyectos culturales, comunitarios y de preservación de sus tradiciones.
Las localidades que ya iniciaron el proceso son Tamante, Antiguo Tamuín, Aserradero, Velazco, San José de Limón y El Caracol, informó el director municipal de Asuntos Indígenas, Juan Aurelio Antonio Catarina.
El funcionario explicó que entrar al Catálogo Nacional de Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas no solo representa un reconocimiento legal de su identidad y organización comunitaria, sino también la posibilidad de gestionar recursos sin depender de intermediarios.
“La certificación y reconocimiento de comunidades como pueblos indígenas es un proceso fundamental en México para garantizar sus derechos, autonomía y acceso a recursos”, señaló.
Actualmente, San Luis Potosí tiene registradas 542 comunidades dentro de este padrón nacional, principalmente en zonas de la Huasteca, donde existe presencia histórica de pueblos teenek y náhuatl, según datos con corte al 10 de febrero de 2025, lo que ubica al estado entre las entidades con mayor presencia indígena reconocida formalmente en el país, aunque por debajo de estados como Chiapas, Oaxaca o Veracruz, que concentran miles de registros.
El catálogo, creado por el gobierno federal en 2024, busca reconocer oficialmente a las comunidades indígenas como sujetos de derecho público, lo que fortalece su capacidad de autogestión y participación en programas federales.
Autoridades municipales hicieron un llamado a otras comunidades de Tamuín que aún no están registradas para acercarse al departamento de Asuntos Indígenas y sumarse al proceso antes de las próximas etapas de asignación de recursos públicos.