Aunque el problema de la calidad del agua en San Luis Potosí no es nuevo, desde el Congreso se advierte que la falta de decisiones firmes —como frenar la sobreexplotación, sancionar daños y mejorar la infraestructura— sigue retrasando soluciones de fondo.
Ante las alertas recientes del Grupo Universitario del Agua de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) sobre contaminación del agua en la zona metropolitana y el estado —que advierten presencia de arsénico, flúor y posibles afectaciones a la salud, incluso en el desarrollo cognitivo infantil—, desde el Congreso del Estado se reconoció que el problema no es nuevo y que requiere acciones urgentes para contenerlo.
La presidenta de la Comisión del Agua, Nancy Jeanine García Martínez, sostuvo que los datos presentados por investigadores no son recientes, pero sí reflejan una problemática persistente que durante años ha sido minimizada.
Frente a las declaraciones del alcalde, quien puso en duda la vigencia de estos estudios, la legisladora defendió su validez y el trabajo académico detrás de ellos.
“No son análisis erróneos ni inventados, es una realidad. Yo confío mucho en quienes han llevado años a la investigación en materia de agua”.
García Martínez señaló que la información sobre la contaminación del agua ha sido respaldada por investigaciones de la academia y organismos especializados, aunque en su momento incluso generó resistencia para ser reconocida públicamente.
En ese contexto, advirtió que el hallazgo de que más del 13% de los pozos presentan contaminación debe tomarse con seriedad, aunque sin generar alarma social, pero sí yendo a fondo sobre esta situación.
Como parte de las soluciones, la diputada planteó la necesidad de detener prácticas que agravan la crisis hídrica, como la sobreexplotación de acuíferos y la perforación indiscriminada de nuevos pozos.
También propuso revisar el crecimiento urbano y evitar desarrollos en zonas de recarga hídrica o donde ya existen restricciones.
Además, insistió en la necesidad de establecer sanciones para quienes generen daño ambiental, aunque reconoció que este punto ha frenado el avance de iniciativas.
“A muchos les asusta el tema de las sanciones (…) incluso ha sido motivo por el que las iniciativas no avanzan”
Desde el Congreso, adelantó que se buscará impulsar exhortos para que los municipios —responsables del servicio de agua— inviertan en infraestructura y mejoren los procesos de potabilización. Asimismo, planteó la necesidad de una estrategia articulada entre los tres niveles de gobierno y con participación de la ciudadanía.