El Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (CEEPAC) no realizará las consultas que el Congreso del Estado buscaba delegarle para cumplir con sentencias judiciales relacionadas con derechos de comunidades indígenas y personas con discapacidad, luego de que su área jurídica concluyera que el organismo electoral no está legalmente facultado ni obligado para asumir esa responsabilidad.
La presidenta del CEEPAC, Paloma Blanco López, explicó que, tras reuniones sostenidas con el Congreso, se determinó que la sentencia que ordena las consultas no vincula directamente al organismo electoral, sino al Poder Legislativo. “No estamos vinculados directamente por la sentencia y, ya que existe una ley de consulta indígena vigente, habría que respetar lo que dice esta ley. Esta ley determina con mucha claridad y precisión cuáles son las entidades consultantes y entre ellas no se encuentra el CEEPAC”, señaló.
Estas consultas forman parte de un mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que invalidó diversas reformas aprobadas por el Congreso estatal al considerar que no se consultó previamente a los grupos afectados, como exige la Constitución y los tratados internacionales en materia de derechos humanos. En consecuencia, el Poder Legislativo quedó obligado a reponer el procedimiento, pero hasta ahora no ha cumplido completamente con esa orden.
En los últimos meses, el Congreso había buscado que el CEEPAC organizara estas consultas, bajo el argumento de que el organismo cuenta con experiencia técnica, estructura operativa y capacidad territorial para realizarlas, además de que eso permitiría reducir costos y dar mayor legitimidad al proceso. Sin embargo, el análisis jurídico interno del Consejo concluyó que la ley establece claramente que los poderes del Estado —en este caso el Legislativo— son los responsables directos de llevarlas a cabo.
La Ley de Consulta Indígena del Estado establece que son las propias instituciones obligadas por las reformas o resoluciones judiciales quienes deben organizar las consultas, particularmente el Congreso a través de sus comisiones correspondientes. El CEEPAC no aparece como entidad consultante, por lo que no puede asumir esa función ni sustituir al órgano responsable.
No obstante, Blanco López aclaró que esto no cierra completamente la puerta a la colaboración institucional, aunque sí establece límites claros. “Sí, no somos entidades consultantes, sí no tenemos una vinculación mediante sentencia, pero eso no cierra la posibilidad de alguna colaboración a través de capacitación, por ejemplo”, explicó, al señalar que cualquier apoyo dependerá de los alcances legales que se determinen.
Este escenario deja al Congreso nuevamente frente a la responsabilidad directa de organizar las consultas, conseguir los recursos necesarios y cumplir con una obligación que arrastra desde hace más de dos años.
Entre los ejercicios pendientes se encuentran consultas relacionadas con derechos políticos de comunidades indígenas, educación inclusiva para personas con discapacidad y otras reformas que no pueden avanzar legalmente sin este requisito previo.
El incumplimiento de estas consultas no solo mantiene en pausa diversas reformas, sino que también coloca al Poder Legislativo en una situación de incumplimiento frente a una sentencia de la Suprema Corte, con implicaciones jurídicas como multas o la inhabilitación, así como políticas que siguen sin resolverse.