La reforma fue aprobada con 21 votos a favor y 5 en contra; el Congreso tendrá 90 días para emitir nuevas leyes y concretar la desaparición del organismo.
El Congreso del Estado de San Luis Potosí aprobó la extinción de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP), el organismo autónomo encargado de garantizar el acceso a la información pública y la protección de datos personales, en una reforma avalada con 21 votos a favor y 5 en contra.
Los votos en contra fueron emitidos por los diputados del PAN Rubén Guajardo Barrera, Marcelino Rivera Hernández y Mireya Vancini Villanueva, así como por las diputadas del PRI Frinne Azuara Yarzábal y Sara Rocha Medina.
Con esta decisión, el modelo de transparencia en el estado cambiará, ya que las funciones que actualmente realiza la CEGAIP serán trasladadas a instancias del Poder Ejecutivo y a los órganos internos de control de cada institución pública.
Actualmente, la CEGAIP es la autoridad independiente que resuelve recursos cuando las dependencias niegan información y vigila que se cumpla el derecho ciudadano a saber cómo se utilizan los recursos públicos.
El decreto deberá ser aprobado por la mayoría de los 59 ayuntamientos del estado como parte del procedimiento de reforma constitucional.
Una vez que los cabildos avalen el decreto, el Congreso emitirá la declaratoria de validez y posteriormente será publicado en el Periódico Oficial del Estado, momento en el que entrará en vigor.
A partir de esa publicación, el Congreso tendrá un plazo de hasta 120 días naturales para expedir la legislación secundaria que concretará la extinción de la CEGAIP.
Mientras tanto, la comisión continuará operando de manera transitoria, hasta que se formalice la transferencia de sus funciones al nuevo sistema institucional.
Una vez que se emitan estas leyes secundarias, la CEGAIP quedará formalmente extinguida y sus funciones serán absorbidas por las nuevas instancias creadas dentro de la administración pública.
El documento también establece que los derechos laborales del personal deberán respetarse y que los recursos humanos, materiales, archivos, plataformas y sistemas pasarán a formar parte del nuevo organismo que asuma sus atribuciones.
Además, los ahorros generados por la desaparición del organismo serán destinados al Fondo de Pensiones del Estado.
Con esta reforma, el modelo de transparencia cambiará en San Luis Potosí, ya que las funciones que actualmente realiza la CEGAIP serán asumidas por nuevas instancias del Poder Ejecutivo y por los órganos internos de control de los entes públicos.
Esto impactará a más de 268 sujetos obligados, entre los que se encuentran los tres poderes del Estado, los 59 ayuntamientos, organismos autónomos, partidos políticos, sindicatos, organismos operadores de agua y diversas instituciones públicas.
Al presentar el dictamen, el diputado Carlos Arreola Mallol aseguró que el cambio busca modernizar el sistema.
“No se trata de una decisión menor, se trata de una redefinición institucional que busca eliminar las duplicidades que se encontraban en el viejo modelo, fortalecer la eficiencia administrativa y garantizar que los derechos humanos, el acceso a la información pública y protección de datos personales no solamente se conserven sino que se ejerzan con una mayor eficacia”, afirmó.
En contraste, el diputado panista Rubén Guajardo Barrera advirtió que eliminar el organismo autónomo representa un retroceso.
“Hoy, con este dictamen que está en votación, se va a dar un gran paso atrás a la democracia”, expresó.
Señaló que organismos como la CEGAIP han permitido vigilar el uso de recursos públicos.
“Fue gracias a que teníamos un organismo autónomo que transparentaba todo el recurso público, dónde, cómo y en qué se gasta cada peso y cada centavo”, afirmó.
También cuestionó quién garantizará la transparencia ahora.
“¿Ante quién van a recurrir quien quiere saber dónde y cómo se está gastando cada peso del recurso público?”, concluyó.
La reforma forma parte de un proceso nacional que busca eliminar organismos autónomos y trasladar sus funciones a dependencias gubernamentales, con el argumento de reducir duplicidades y reorganizar la administración pública.
La desaparición de la comisión marcará un cambio estructural en el sistema de transparencia estatal, en un proceso que aún deberá pasar por varias etapas antes de concretarse definitivamente.