Colectivos advierten que la medida impone barreras económicas y vulnera el derecho a la identidad de personas trans y no binarias.
Diversas organizaciones civiles, colectivas y personas defensoras de derechos humanos pidieron públicamente que se erradique el cobro que se aplica en San Luis Potosí para el trámite de reconocimiento legal de la identidad de género, al considerar que esta medida restringe el acceso a un derecho humano y profundiza condiciones de desigualdad.
De acuerdo con lo expuesto, la legislación estatal contempla un pago de 10.52 Unidades de Medida y Actualización (UMA), es decir, de mil 234.10 pesos mexicanos, para la modificación de datos en actas del estado civil conforme a la identidad de género autopercibida. Aunque la autoridad lo presenta como un trámite administrativo, los colectivos señalaron que en la práctica funciona como un filtro económico que limita el ejercicio del derecho a la identidad.
“La mayoría somos personas precarizadas que vivimos al día y un cobro así es una barrera muy importante”, explicaron.
Las organizaciones subrayaron que este cobro afecta de manera diferenciada a personas trans y no binarias, quienes enfrentan mayores obstáculos en el acceso al empleo, a servicios públicos y a condiciones de vida dignas. Además han recalcado que desde sus pronunciamientos, las autoridades no se han acercado para instalar mesas de diálogo para escuchar sus peticiones.
“Esto no es un privilegio esto solamente es parte de garantizar nuestros derechos humanos, a la libertad de expresión, a la libertad de identidad, además de que si es muy importante mencionar que a las personas trans siempre se nos han negado todos estos espacios”, enfatizaron.
Finalmente, las colectivas hicieron un llamado para eliminar las barreras económicas, establecer mecanismos de gratuidad, y garantizar que el reconocimiento legal de la identidad de género sea una realidad efectiva y no solo un derecho en el papel.