Académicas entregaron una carta al rector y al Consejo Directivo Universitario exigiendo acciones contra la discriminación y mayor seguridad en el campus.
Una profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) presentó una denuncia formal ante la Rectoría y la Defensoría de Derechos Universitarios, tras haber sido víctima de presuntos actos de violencia de género y discriminación durante una reunión de académicos realizada el pasado 5 de noviembre.
De acuerdo con el testimonio de la docente, durante el encuentro convocado por el director interino de la facultad fue objeto de abucheos, interrupciones y burlas por parte de algunos compañeros mientras exponía su preocupación por la crisis institucional que enfrenta la facultad, la escasa participación de mujeres en los procesos de elección de la nueva dirección y la falta de medidas de seguridad ante los recientes hechos de violencia en la comunidad universitaria.
Un grupo de académicas, integrado por María Sugey Tristán Rodríguez, Xóchitl Guadalupe Rangel Romero, Édith Argüelles Barrientos, Violeta Méndez, Carlos Silva y Roxana Montejano Villaseñor, entre otros, entregó un documento dirigido al rector Alejandro Zermeño Guerra y al Consejo Directivo Universitario, en el que se denuncia el episodio de violencia verbal y discriminación ocurrido en el Aula Magna Félix Fernández.
Según el escrito, estos hechos atentan contra la libertad de expresión, la igualdad de género y los principios establecidos en el Estatuto Orgánico y el Código de Ética de la universidad.
Las académicas expresaron además su preocupación por la ausencia de acciones concretas en materia de seguridad dentro de los campus universitarios y solicitaron la intervención del Gobierno del Estado y del Ayuntamiento de San Luis Potosí para garantizar la protección de estudiantes, docentes y personal administrativo.
En su pronunciamiento, recordaron que la seguridad es un derecho humano y una responsabilidad compartida entre las autoridades universitarias y los gobiernos, y subrayaron que la autonomía universitaria no debe ser excusa para omitir la protección integral de la comunidad educativa.