La Fiscalía investiga el caso de violencia escolar en Río Verde y evalúa sanciones para los menores involucrados bajo el marco de la justicia para adolescentes.
La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí continúa con la investigación del caso de violencia escolar ocurrido en la telesecundaria Plan de Ayala, ubicada en el municipio de Río Verde.
Este caso tomó relevancia luego de que se difundiera en redes sociales un video en el que un grupo de estudiantes ató de pies y manos a uno de sus compañeros, lo amenazaron con hacerle daño usando unas tijeras y simularon amenazas propias de organizaciones criminales, por lo que dicha grabación generó impacto entre los usuarios y abrió un debate sobre la seguridad en las escuelas y las medidas necesarias para evitar este tipo de incidentes.
Ante la gravedad de la situación, la fiscal general del estado, María Manuela García Cázares, informó que la carpeta de investigación sigue abierta y que el caso es atendido por el Ministerio Público especializado en justicia para adolescentes.
Explicó que las autoridades han logrado avances significativos en las indagatorias y que el proceso se desarrolla directamente en Río Verde para dar seguimiento a los hechos de manera más eficaz.
“Al tratarse de los intervinientes, tanto como el menor de edad, es un ministerio público especializado en justicia a adolescentes que está trabajando el asunto directamente en Río Verde y tenemos avances significativos” señaló García Cázares
La funcionaria detalló que, debido a que tanto los menores involucrados en la agresión como la víctima son adolescentes, el caso será tratado conforme a la Ley General de Justicia para Adolescentes, la cual establece un marco legal diferente al aplicado a los adultos.
“Al ser del grupo sectario tanto los menores implicados, como la víctima, estaríamos aplicando la ley general de justicia para adolescentes, y ahí tiene un tratamiento distinto al de un adulto” destacó.
Asimismo señaló que, si bien los menores de edad no pueden ser sujetos a medidas de internamiento, sí pueden enfrentar un procedimiento legal en caso de que existan elementos suficientes que lo justifiquen. En este sentido, las investigaciones buscan determinar si hay datos que permitan la apertura de un proceso en su contra.
Además de las acciones legales, la fiscal mencionó que se tomaron medidas inmediatas para los estudiantes involucrados, la cual fue la reubicación de los menores implicados, como parte de un protocolo de seguridad para evitar mayores conflictos o represalias dentro de la institución educativa.
También confirmó que la maestra a cargo del grupo ya ha rendido su declaración ante las autoridades, lo que ha permitido avanzar en la recolección de testimonios y evidencias sobre lo sucedido.
Finalmente, la fiscal detalló que las autoridades continúan con la integración de la carpeta de investigación y se espera que en el transcurso de la próxima semana se den a conocer los avances finales del caso.