La SCT subrayó los riesgos de las plataformas no registradas y demanda el cumplimiento de la ley para garantizar la seguridad de los pasajeros y conductores.
La titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Araceli Martínez, se pronunció tras la desaparición de varios conductores de plataformas digitales, incluido el reciente caso de Daniela Martell.
Martínez afirmó que, tras estos trágicos sucesos, se ha hecho un llamado a todas las empresas de redes de transporte para garantizar los derechos laborales de sus trabajadores, sin embargo, lamentó que en San Luis Potosí estas plataformas aún no han cumplido con las normativas legales y no están debidamente registradas, lo que impide la creación de un padrón de estas empresas.
En este contexto, la titular de la SCT también se refirió a una reciente convocatoria a una marcha, en la cual se invitaba a la ciudadanía y a socios-conductores de estas plataformas no reguladas, calificando este llamado como “ilegal e incorrecto” y enfatizó que la situación genera riesgos tanto para los conductores como para los pasajeros.
“Es una situación muy delicada, definitivamente, porque nosotros somos la autoridad que justamente regula y establece las condiciones”, destacó Araceli Martínez al referirse al papel fundamental de la SCT en la regulación del transporte en la entidad.
Martínez señaló que, al no cumplir con las normativas legales establecidas por la Ley de Transporte, se pone en riesgo la seguridad de quienes utilizan estos servicios y además, recordó el caso de una pasajera de Matehuala que utilizó uno de estos servicios y que, según explicó, carecía de seguro para pasajeros. “El único seguro con el que cuentan es el del vehículo, y eso a veces”, apuntó la funcionaria, subrayando las graves deficiencias de estas plataformas.
La titular de la SCT recordó también que la legislación estatal exige una serie de requisitos fundamentales para garantizar un transporte seguro y confiable, destacó que entre estos requisitos se incluyen exámenes psicométricos, pruebas psicotrópicas para prevenir el consumo de drogas y la obligación de contar con un seguro de la unidad por un valor de 4 millones de pesos, el cual cubre posibles accidentes y los gastos derivados de ellos.
En ese sentido, la funcionaria insistió en la necesidad de regularizar estas plataformas de transporte y urgió a las empresas a acercarse a la autoridad estatal para cumplir con las leyes locales.
“Es fundamental que se acerquen y cumplan con las leyes del Estado, para que las personas socio-conductores puedan realizar su actividad de manera lícita”, concluyó Araceli Martínez.