La fiscal Manuela García Cázares rechaza decisión judicial y anuncia apelación; víctimas denuncian nuevas amenazas.
La Fiscalía del Estado, encabezada por Manuela García Cázares, anunció que presentará un recurso de apelación tras la liberación de una persona implicada en el homicidio de los dos hijos de la policía investigadora Rosalinda Ávalos, ya que la decisión judicial de cambiar la medida cautelar generó inconformidad en la fiscalía, que considera que no existen las condiciones necesarias para garantizar la seguridad de las víctimas.
García Cázares explicó que la defensa del imputado solicitó un cambio en la medida cautelar, el cual fue autorizado por el juez encargado del caso. Sin embargo, enfatizó que la fiscalía no comparte este criterio y tomará acciones legales para revertirlo. “La fiscalía no está conforme con esta decisión”, declaró la funcionaria, subrayando que, desde su perspectiva, la liberación representa un riesgo para la víctima y su familia.
La fiscal explicó que el juez tomó la determinación basándose en el criterio de que no había peligro para las víctimas. No obstante, aseguró que la fiscalía discrepa de esta evaluación y que, en respuesta, presentará el recurso de apelación correspondiente en un intento por proteger a las partes afectadas.
La policía Rosalinda Ávalos, madre de las víctimas, expresó su preocupación tras la decisión judicial, ya que ha recibido nuevas amenazas que ponen en peligro su seguridad. Según su testimonio, una amiga le informó que escuchó a un familiar de uno de los imputados lanzar una amenaza directa en su contra. “A la primera que se va a ching4r es a la güera”, habría dicho, haciendo alusión a Ávalos.
Este tipo de amenazas han encendido las alarmas tanto en la fiscalía como en los círculos cercanos a la afectada, quienes exigen garantías para su protección. En respuesta, la fiscalía confirmó que las víctimas cuentan actualmente con medidas de protección y aseguró que se reforzarán las acciones preventivas para evitar cualquier tipo de represalia.
La fiscal Manuela García Cázares subrayó que la apelación busca no solo revertir la medida cautelar otorgada, sino también enviar un mensaje de cero tolerancia hacia actos que vulneren la seguridad de las víctimas o intenten intimidarlas.