En respuesta a denuncias por presunta intimidación, la Fiscalía General del Estado emitió restricciones contra la regidora Margarita Hernández Fiscal y el inspector José Manuel Jonguitud Flores. Se les ordena evitar cualquier acto de molestia hacia Alberto Rojo Zavaleta, directivo estatal del PRI.
La Fiscalía General del Estado ordenó a la regidora Margarita Hernández Fiscal y al inspector de Actividades Comerciales Nocturnas de la Dirección de Comercio del Ayuntamiento capitalino, José Manuel Jonguitud Flores, abstenerse de realizar cualquier tipo de conducta intimidatoria en contra de Alberto Rojo Zavaleta, directivo estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
La resolución fue emitida por el agente del Ministerio Público encargado del caso, quien instruyó a la Policía de Métodos de Investigación notificar a los señalados sobre la medida de restricción. Aunque la carpeta de investigación aún está en proceso de integración, esta orden se estableció como una medida preventiva independiente de cualquier determinación futura que pueda tomar un juez.
La denuncia presentada por Rojo Zavaleta incluye señalamientos graves, entre ellos secuestro en grado de tentativa, daños y lesiones también en grado de tentativa. Curiosamente, estos hechos se produjeron en un contexto de enfrentamientos políticos internos, pues Hernández Fiscal presentó una denuncia paralela contra el mismo directivo del PRI por presunto atentado contra la vida de Jonguitud Flores, al intentar atropellarlo luego de un desacuerdo.
En el exhorto legal, la Fiscalía especificó que tanto Hernández Fiscal como Jonguitud Flores deben abstenerse de acercarse a Rojo Zavaleta o realizar cualquier acción que pueda considerarse como acto de molestia o intimidación. Esta medida busca prevenir posibles enfrentamientos mientras avanza el proceso judicial.
Además, el Ministerio Público determinó implementar medidas de protección a favor del denunciante, incluyendo la prohibición de contacto físico o virtual con Rojo Zavaleta. La orden establece explícitamente que cualquier infracción a estas disposiciones podría derivar en sanciones legales contempladas en el Código Nacional de Procedimientos Penales.
De acuerdo con el marco legal vigente, cualquier incumplimiento a estas restricciones podría generar medidas de apremio impuestas por la autoridad judicial. La Fiscalía advirtió que se actuaría conforme a la gravedad de los hechos en caso de detectar violaciones a las órdenes emitidas.