El diputado Roberto García Castillo, consideró que uno de los cambios
más significativos en materia de justicia en el país, es la Reforma
Integral al Poder Judicial, lo que representa un paso hacia la democracia
y la aplicación de una justicia imparcial.
Indico que la determinación de que la Suprema Corte de Justicia de la
Nación (SCJN), se compondrá de nueve ministras y ministros, quienes
durarán en su cargo un periodo de doce años, busca hacer del máximo
tribunal del país un órgano más ágil, responsable y transparente, que
pueda responder con eficacia a los retos del Estado de Derecho.
Hizo hincapié en que el punto central de la reforma es el establecimiento
de un mecanismo democrático y transparente para la elección de las
autoridades judiciales.
García Castillo señaló la justicia ya no es un privilegio, sino un derecho;
"Este cambio es una acción contundente contra los vicios de la
corrupción y el nepotismo que por décadas han contaminado al Poder
Judicial. Con esta reforma, damos un paso firme para devolver al pueblo
de México su derecho a una justicia imparcial, honesta y cercana".
La reforma también establece la creación del Tribunal de Disciplina
Judicial, un nuevo órgano encargado de velar por la ética y disciplina de
los miembros del Poder Judicial. Este tribunal garantizará que los
funcionarios judiciales actúen con la mayor responsabilidad, reduciendo
así los riesgos de corrupción y abuso de poder dentro del sistema
judicial.
Manifestó que otro de los aspectos relevantes de esta reforma es la
eliminación de la pensión vitalicia para los ministros de la Suprema
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Corte. Esta medida no solo contribuye a la eficiencia en el uso de los
recursos públicos, sino que también representa un acto de congruencia
con la austeridad republicana que promueve el actual gobierno. Con
ello, se busca reducir gastos innecesarios y destinar los recursos a áreas
prioritarias del país.
Además, la reforma propone la creación de un Órgano de Administración
Judicial, que permitirá mejorar la supervisión y la rendición de cuentas
dentro del Poder Judicial, asegurando que este cumpla con su mandato
de administrar justicia de manera efectiva, transparente y justa.