La propuesta busca reformar el artículo 150 del Código Penal del estado, con el objetivo de ampliar las condiciones bajo las cuales las mujeres y personas con capacidad de gestar puedan interrumpir su embarazo sin ser criminalizadas.
La Colectiva ILE SLP y la organización Nueva Luna Salud de las Mujeres A.C., en colaboración con Praxis Combativa, presentaron el pasado viernes 15 de noviembre una nueva iniciativa ante el Congreso del Estado de San Luis Potosí. La propuesta busca reformar el artículo 150 del Código Penal del estado, con el objetivo de ampliar las condiciones bajo las cuales las mujeres y personas con capacidad de gestar puedan interrumpir su embarazo sin incurrir en responsabilidad penal.
Actualmente, el artículo 150 del Código Penal potosino regula las exclusiones de responsabilidad penal en casos de aborto, pero la redacción vigente no abarca todas las circunstancias en las que la interrupción del embarazo podría ser necesaria. En su propuesta, la colectiva señala varios puntos clave que buscan garantizar un acceso más amplio y seguro a los derechos reproductivos de las mujeres.
Los problemas identificados por estos grupos fueron los siguientes:
-Cobertura limitada de delitos: La redacción actual solo contempla la violación y la inseminación indebida, dejando fuera otros delitos relevantes, como el estupro y la implantación de un óvulo sin consentimiento, que también pueden resultar en embarazos no deseados.
-Negación de servicios: La iniciativa destaca la falta de exclusión de responsabilidad para aquellas mujeres o personas gestantes que se enfrenten a la negativa o retraso en la interrupción del embarazo por parte de autoridades o personal de salud, lo cual puede ocurrir dentro del plazo legal de las primeras doce semanas de gestación.
-Desigualdad económica: La reforma también señala que la legislación actual no contempla las barreras que enfrentan las mujeres en situación de pobreza extrema, que tienen dificultades para acceder a servicios legales y seguros de aborto.
-Riesgos para la salud: Otro punto crítico abordado es la falta de salvaguardas adecuadas para aquellos casos en los que continuar con el embarazo implique un riesgo grave para la salud o la vida de la persona gestante.
-Malformaciones del feto: La propuesta también plantea la necesidad de considerar la interrupción del embarazo en casos de alteraciones genéticas o congénitas que pongan en peligro la viabilidad del feto o la salud futura de la madre.
Uno de los aspectos más destacados de esta reforma es la eliminación de la obligación de denuncia previa en casos de violencia sexual. Actualmente, el artículo 150 exige que las víctimas de violación presenten una denuncia ante el Ministerio Público, lo cual puede ser un obstáculo significativo para quienes desean acceder a servicios de aborto.
La Colectiva ILE SLP y Nueva Luna Salud de las Mujeres A.C. consideran que esta reforma es un paso necesario para asegurar que todas las personas gestantes tengan acceso a una atención médica adecuada, sin restricciones legales injustificadas. En su intervención, resaltaron que la reforma debe responder a las realidades sociales, económicas y de salud de las mujeres, reconociendo las distintas circunstancias que podrían llevarlas a solicitar la interrupción de su embarazo.