Con sólo 4 votos en contra el pleno del Congreso del estado derogó los artículos 148, fracciones I y II; 149 y 150, fracción III del código penal de San Luis Potosí para la despenalización del aborto.
Este día el pleno del Congreso del Estado aprobó con 20 votos a favor, 0 abstenciones y 4 en contra la reforma de los artículos 148, fracciones I y II;149 y 150, fracción III del código penal, los cuales se marcaban como anticonstitucionales por la criminalización de la interrupción del embarazo, con este hecho, las mujeres y personas gestantes que deseen practicar un aborto en el estado no podrán ser criminalizadas.
Desde el lunes 23 de septiembre se emitió una sentencia de amparo que eliminó la penalización de aquellas mujeres o personas gestantes que practicaran la interrupción del embarazo dentro de las primeras 12 semanas de gestación en San Luis Potosí.
Luego de que la iniciativa de los grupos proaborto pasara más de un año sin respuesta por parte de las y los diputados de San Luis Potosí, el pasado 23 de septiembre el Juzgado Tercero de Distrito del Noveno Circuito emitió una sentencia de amparo para despenalizar el aborto en San Luis Potosí.
Durante más de un mes las colectivas potosinas esperaron el desenlace de la sentencia por parte del Congreso del Estado, y a pesar de que el voto debía ser positivo debido al dictamen del Juzgado Tercero de Distrito del Noveno Circuito se obtuvieron 4 en contra, el diputado Rubén Guajardo presentó su inconformidad y voto en contra de esta iniciativa, “En el PAN no le mentimos a la gente, porque cuando nosotros hacemos campaña en nuestra plataforma política y en nuestros estatutos, en nuestro principio básico el respeto a la dignidad de la persona humana y estamos a favor de la vida desde la concepción hasta la muerte, estamos a favor y lo decimos en campaña y lo decimos claro, entonces estamos en contra de este dictamen por congruencia a nuestros estatutos y a nuestra plataforma política”, puntualizó Guajardo Barrera.
Pero a pesar de los 4 votos en contra, en San Luis Potosí ya no se podrá criminalizar a las mujeres o personas gestantes a la hora de practicar la interrupción del embarazo en las primeras 12 semanas de gestación, por lo que ahora solo resta esperar que se agreguen las reformas a la Ley de Salud para que se les brinde un servicio médico de calidad a las personas que soliciten este servicio.