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16/02/2025
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EXFUNCIONARIOS DE SAN LUIS POTOSÍ APELAN INHABILITACIÓN POR CASO RICH

Cuatro exfuncionarios de Comercio en San Luis Potosí han apelado su inhabilitación tras ser sancionados por negligencia en el caso del bar Rich, donde murieron dos personas.

Cuatro exfuncionarios de la Dirección de Comercio del Ayuntamiento de San Luis Potosí han decidido apelar la decisión de inhabilitación que les fue impuesta tras un incidente trágico en la Plaza Alttus, donde dos personas perdieron la vida. Entre los exservidores públicos se encuentran el exdirector de Comercio, Jorge García Medina, el exsubdirector, la excoordinadora de Actividades Comerciales y el exjefe de Inspección, quienes han presentado un recurso de revocación ante la Contraloría Interna Municipal, buscando revertir la medida que les prohíbe desempeñar cargos públicos por períodos que varían entre seis y doce meses.

Gabriela López López, titular de la Contraloría Interna de la capital, informó que el proceso de revisión del recurso está en marcha, sin que hasta el momento exista un plazo definitivo para su resolución. La contralora expresó que, aunque “la ley no marca un plazo específico”, se está gestionando el caso con el objetivo de proceder con la mayor diligencia posible.

La decisión de inhabilitar a los exfuncionarios responde, según la Contraloría, a la “actuación negligente” de estos servidores públicos en relación con las circunstancias que derivaron en el incidente mortal en el bar Rich. Esta medida forma parte de un proceso administrativo autónomo, independiente de cualquier acción penal que pudieran ejercer otras instancias. López López hizo énfasis en la importancia de respetar los procesos legales y las garantías de los involucrados, recordando que el recurso de revocación es un derecho de los exfuncionarios, quienes han apelado la sanción impuesta en espera de una revisión que podría modificar o ratificar la decisión inicial.

La resolución definitiva del recurso aún no tiene fecha clara de conclusión, pero López López reiteró que se dará seguimiento con la debida diligencia, destacando que se trata de un proceso en curso que debe respetar el marco legal vigente.

En cuanto a la posible colaboración entre la Contraloría y la Fiscalía General del Estado (FGE), López López señaló que, hasta la fecha, la Fiscalía no ha solicitado información al Ayuntamiento sobre el caso. Esto ha llevado a que la investigación se desarrolle, por el momento, en el ámbito exclusivamente administrativo. Sin embargo, López López enfatizó que “la Contraloría está dispuesta a colaborar si alguna instancia lo requiere”.

A pesar de no haber recibido ninguna solicitud formal, la contralora explicó que se ha dado vista del caso a la Fiscalía, con la posibilidad de que se abra una vía de colaboración si las autoridades correspondientes lo consideran necesario. “La información fluirá sin restricciones entre las autoridades conforme avancen los procedimientos legales pertinentes”, aseguró López López.

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