Escrito por Angelique Salazar.
“Nosotros como maestros tenemos una normativa que tiene un límite de intervención” señaló Torres Cedillo refiriéndose a las acciones de violencia a los alumnos desde sus hogares
Luego de que un hombre de entre 60 y 70 años fuera detenido tras ser acusado de drogar y secuestrar a una adolescente de apenas 13 años y que el personal docente de la institución habría sido testigo de cómo la menor sufría golpes y era obligada a vender productos en la escuela, sin que se activaran mecanismos de denuncia a tiempo, llamó la atención sobre los recursos y límites de los docentes al tratar de intervenir en estos casos.
El secretario de Educación, Juan Carlos Torres Cedillo, explicó que la normativa actual establece limitaciones para la intervención directa de los docentes, aunque existen protocolos para detectar y reportar casos de abuso.
Asimismo, señaló que las denuncias más recurrentes en las escuelas están relacionadas con violencia familiar y de acuerdo con Torres Cedillo, los estudiantes suelen ver a sus maestros como figuras de confianza a quienes pueden expresar las problemáticas que viven en sus hogares, tales como el abuso físico, la negligencia o la falta de atención.
En este sentido, los docentes, que están en contacto cercano con los alumnos, se convierten así en una primera línea de detección de situaciones de riesgo, pero sus posibilidades de acción están limitadas por las normativas vigentes, así lo dio a conocer el secretario de educación.
El secretario explicó que la Secretaría de Educación capacita a los docentes para identificar signos de abuso y violencia familiar, y para que, a través de los protocolos establecidos, hagan las denuncias pertinentes ante las instituciones competentes.
Explicó que este proceso busca que la responsabilidad de actuar de manera directa recaiga en las autoridades y no en los maestros, quienes deben limitarse a alertar a las instancias adecuadas para que estas gestionen el problema de forma legal, aun así, los límites de intervención de los docentes generan cuestionamientos sobre si las normas actuales permiten una respuesta adecuada para proteger a los menores.
Torres Cedillo también abordó la complejidad de los casos que se reportan en las escuelas, que van desde negligencia y descuido hasta episodios graves de violencia intrafamiliar, pues destacó que estos problemas requieren un esfuerzo colaborativo entre las distintas dependencias del gobierno estatal, ya que ninguna institución puede atender casos de abuso infantil de manera aislada.
Aunque los protocolos están diseñados para proteger a los estudiantes, en situaciones extremas como la reciente detención del hombre acusado de secuestrar a la adolescente, el caso pone en evidencia la necesidad de revisarlos especialmente para casos de violencia familiar.