Escrito por Angelique Salazar.
La familia de Lupita Viramontes exige justicia y protección tras la liberación de su feminicida.
El pasado 2 de octubre, Guillermo “N”, feminicida de Lupita Viramontes solicitó a través de su defensa ser liberado a cambio de realizar trabajo comunitario, argumentando que cumplía con los requisitos por haber sido menor de edad al momento del crimen.
El juez encargado del caso, a pesar de las protestas y la oposición de la familia de la víctima, dictaminó su libertad tras seis días de deliberación, permitiendo que el feminicida salga en libertad a cambio de prestar un año y 25 días de servicio comunitario y con esta decisión, Guillermo, quien estuvo prófugo durante 10 años, solo cumplirá un total de ocho meses en prisión.
Este veredicto ha provocado consternación en diversos sectores de la sociedad, particularmente entre los colectivos feministas que luchan por visibilizar la violencia de género y los feminicidios en el país.
En este sentido la liberación de su asesino no solo representa un duro golpe para su familia, sino que también envía un mensaje devastador a la sociedad: la vida de las mujeres sigue estando desprotegida, incluso cuando los feminicidas son capturados y llevados a juicio.
Ante esta situación, la familia teme que la liberación de Guillermo pueda desatar una nueva etapa de sufrimiento, no solo por el recuerdo doloroso de la tragedia, sino por la inseguridad que representa su cercanía.
Miguel Ángel García, titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), ha señalado que se mantiene en constante comunicación con la madre de Lupita, Susana Viramontes, a quien se le ha brindado acompañamiento psicológico y legal desde que ocurrió el feminicidio.
Este acompañamiento, resaltó García que es fundamental en un proceso tan doloroso y así mismo dio a conocer que la CEAV ha gestionado ante las autoridades la solicitud formal de protección para la familia, debido al inminente riesgo que representa la liberación del feminicida.
En este sentido, el titular destacó que la petición de protección incluye la vigilancia y seguridad proporcionada por la Secretaría de Seguridad Pública, pero, hasta el momento, la medida está en trámite, lo que deja a la familia en un estado de vulnerabilidad.
La situación no solo afecta emocionalmente a la familia de Lupita, sino que también plantea una amenaza para las instituciones de justicia y seguridad, pues a pesar de que se han dado pasos importantes en la lucha contra la violencia de género, los mecanismos de protección para las víctimas y sus familias siguen siendo insuficientes o no se implementan de manera oportuna.
El caso de Lupita Viramontes sigue siendo un recordatorio del largo camino que aún queda por recorrer en la lucha contra la impunidad en los feminicidios y en la protección real de las mujeres y sus familias.