195 empleados del Ayuntamiento de San Luis Potosí enfrentarán sanciones por incumplir con su obligación de presentar la declaración patrimonial, una medida clave para garantizar la transparencia en la función pública.
Un total de 195 empleados del Ayuntamiento de San Luis Potosí serán sancionados por no haber presentado sus declaraciones patrimoniales, informó la Contraloría Interna Municipal. Esta cifra representa la gran mayoría de las 208 amonestaciones que se han aplicado en lo que va del año dentro del ayuntamiento.
La declaración patrimonial es uno de los mecanismos establecidos para garantizar la transparencia en la función pública, y su presentación es obligatoria para todos los empleados del ayuntamiento. Según las normas vigentes, aquellos servidores que omitan esta obligación podrían enfrentar no solo sanciones administrativas, sino también implicaciones económicas.
El secretario general del Ayuntamiento, Fernando Chávez Méndez, destacó que la omisión en la presentación de las declaraciones patrimoniales no será tomada a la ligera. A diferencia de las sanciones previas, que se limitaban a amonestaciones verbales, ahora se prevén medidas más severas. “No nos quedaremos solo en llamadas de atención, se aplicarán las sanciones conforme a la ley. Este tipo de omisiones no pueden ser toleradas”, advirtió Chávez Méndez.
El funcionario subrayó la importancia de que todos los servidores públicos cumplan con la obligación legal de presentar su declaración patrimonial, recordando que no es una opción, sino un deber establecido en la Ley de Responsabilidades Administrativas. “Es imperativo que los empleados comprendan que la rendición de cuentas es parte fundamental de sus responsabilidades como funcionarios públicos”, agregó.
Las sanciones a las que podrían enfrentarse los empleados varían según la gravedad del incumplimiento, que puede ir desde una simple amonestación hasta multas económicas. En los casos más severos, estas sanciones podrían implicar repercusiones administrativas significativas. “Este proceso no es opcional, es una obligación. No hay margen para el incumplimiento”, sentenció el secretario general, enfatizando que se aplicará la ley con firmeza cuando sea necesario.