Aunque Marcelino Rivera rindió protesta como legislador, sigue enfrentando un proceso por el desvío de recursos durante su gestión como alcalde.
Tres semanas después del inicio de la LXIV Legislatura, Marcelino Rivera Hernández, del Partido Acción Nacional (PAN), finalmente tomó protesta como diputado local, en medio de un ambiente cargado de tensiones políticas y legales; desde el primer día de la nueva legislatura, el 14 de septiembre, la Mesa Directiva saliente se había negado a permitir su juramento, argumentando que Rivera enfrentaba un proceso de inhabilitación por parte del Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE), por presuntamente no comprobar 13 millones de pesos durante su gestión como presidente municipal de San Martín Chalchicuautla, entre 2012 y 2015.
Ante la imposibilidad de rendir protesta, su suplente, Enrique Gerardo Ortiz Hernández, asumió el cargo; Ortiz, quien previamente había ocupado el puesto de Coordinador de Finanzas del Congreso, se separó rápidamente de la bancada del PAN, declarándose diputado sin partido y alineándose con el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), -esta situación encendió aún más los ánimos en el PAN, que consideró como una violación a los derechos político-electorales de Rivera, dado que su proceso de inhabilitación no estaba aún resuelto y no se le había despojado de sus derechos políticos-.
El PAN, respaldado por una Constancia de Validez emitida por el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (CEEPAC) y una sentencia de la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), luchó durante semanas para que Marcelino Rivera pudiera asumir su cargo en la cual defendian que la decisión de la Mesa Directiva saliente era ilegal y que el Congreso local estaba obligado a permitir que Rivera tomara protesta.
Finalmente, el Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí falló a favor del PAN, ordenando que la Mesa Directiva tomara protesta a Rivera en un plazo de 48 horas, aunque la espera se prolongó por más de una semana.
El 4 de octubre, durante una Sesión Solemne, Rivera Hernández juró como diputado local, cumpliendo así con la sentencia del Tribunal. Sin embargo, el presidente de la Mesa Directiva, Cuauhtli Fernando Badillo Moreno, subrayó que el proceso administrativo en contra de Rivera Hernández sigue abierto y que podría haber consecuencias futuras. “Se cumplió con la orden judicial, pero el proceso de inhabilitación no ha concluido”, puntualizó Badillo.
Tras rendir protesta, Marcelino Rivera se mostró desafiante, calificando la negativa inicial como “una falta de respeto a la Ley”. En declaraciones posteriores, agradeció el respaldo de su partido y afirmó que la justicia había prevalecido. “El Partido Acción Nacional me respaldó y la ley también. Lo que hicieron fue incorrecto desde un principio, por lo que tuve que defenderme en los tribunales, y me dieron la razón”, sostuvo Rivera.
A pesar de haber asumido finalmente su curul, el proceso de inhabilitación en su contra sigue avanzando, Rivera ha dicho que continuará atendiendo este asunto ante el IFSE y que se mantendrá alerta en caso de que surjan nuevos recursos en su contra. En cuanto a su relación con Enrique Gerardo Ortiz, su suplente, Rivera comentó que ha iniciado contacto con él para discutir la situación y resolver cualquier malentendido.
Este episodio subraya las complejidades del sistema político en San Luis Potosí y la importancia de las instituciones judiciales en la resolución de disputas dentro del Congreso. Si bien la toma de protesta de Rivera marca el fin de una etapa de controversia, el desenlace de su proceso administrativo podría definir su futuro político en los próximos meses.