Según la denuncia de la organización “Ciudadanos Observando”, detrás de la fachada de simples negocios de “micheladas para llevar”, operan bares callejeros que venden alcohol de alta graduación sin licencia y sin condiciones mínimas de salubridad. La falta de acción de las autoridades ha levantado sospechas de corrupción
Según ha denunciado la asociación Ciudadanos Observando, en los últimos meses San Luis Potosí ha sido escenario de un crecimiento de establecimientos que, bajo la fachada de vender “micheladas para llevar”, operan fuera del marco legal. Aunque estos negocios inicialmente parecen inofensivos, la realidad es que muchos han sido señalados por exceder los límites de sus permisos y vender bebidas alcohólicas de alta graduación sin las licencias correspondientes.
De acuerdo con la Dirección de Comercio del Ayuntamiento capitalino, la venta de micheladas es un giro permitido siempre que se respeten las normativas locales. Sin embargo, la comercialización de bebidas con mayor contenido alcohólico requiere de una licencia emitida por la Dirección de Gobernación estatal. En caso de detectarse irregularidades, la autoridad municipal asegura que sus inspectores actúan de inmediato clausurando los establecimientos infractores. “Cuando se detectan anomalías, se procede a la clausura del local”, subrayó la dependencia.
A pesar de estas declaraciones oficiales, el control de estos negocios ha sido puesto en entredicho por organizaciones civiles como Ciudadanos Observando. Según esta agrupación, muchos de estos locales operan sin los permisos adecuados y con total impunidad. Además, han señalado que algunos establecimientos no cuentan con condiciones mínimas de salubridad, como baños para sus clientes, lo que ha provocado que jóvenes utilicen la vía pública como sanitario improvisado.
La permisividad con la que estos negocios han proliferado ha generado preocupación entre la ciudadanía, que se pregunta si las autoridades están siendo negligentes o si existe algún tipo de complicidad detrás de esta situación. La facilidad con la que algunos locales obtienen permisos, en contraste con el complejo proceso burocrático que suelen enfrentar otros negocios en la ciudad, ha alimentado rumores de corrupción. Se especula que podrían existir acuerdos no oficiales entre los propietarios de estos establecimientos y las autoridades reguladoras, lo que ha suscitado exigencias de mayor transparencia.
“La falta de acción por parte de las autoridades plantea serias dudas sobre la eficacia de la regulación del comercio en la ciudad”, acusó la organización Ciudadanos Observando, que ha instado a que se investigue a fondo cómo estos negocios obtienen sus permisos y por qué continúan operando a pesar de violar la normativa.
En este contexto, la dependencia de comercio municipal, a cargo de Jorge García Medina, enfrenta la presión de esclarecer la situación y garantizar que los establecimientos que operan bajo el rubro de micheladas cumplan con las leyes vigentes.