“Se tiene que revisar quién autorizó la enajenación de esos terrenos y cuál es el propósito con los recursos obtenidos. En caso de ser cierto, si no hay una autorización y justificación válida para el destino del dinero, por supuesto que vamos a pedirle que se suspenda la oferta de terrenos. Insisto, no pueden lucrar con el patrimonio y el fondo legal del municipio”, aclaró Torres Sánchez.
El Secretario General de Gobierno, Guadalupe Torres Sánchez, informó que ante la salida de los actuales alcaldes de la entidad, el gobierno estatal intensificará la vigilancia para garantizar que los recursos públicos se apliquen de manera justa y no se desvíen en beneficio personal de las autoridades salientes.
“Estamos muy atentos para que los alcaldes no hagan de las suyas y se quieran ir con los bolsillos llenos. El recurso público debe aplicarse justamente donde se tiene que hacer: al pueblo”, enfatizó Torres Sánchez.
El Secretario General subrayó que el Instituto de Fiscalización y Superior del Estado ha emitido recomendaciones precisas sobre cómo los alcaldes deben cerrar sus administraciones, estás directrices incluyen la correcta entrega de estafetas y la rendición de cuentas, acciones que deberán llevarse a cabo a partir del primero de octubre.
La declaración del funcionario estatal surge en medio de la controversia generada en el municipio de Tierra Nueva, donde habitantes han denunciado que el alcalde Rubén Rodríguez, quien perdió la reelección, está vendiendo terrenos municipales sin la autorización del cabildo ni del Congreso del Estado.
“Se tiene que revisar quién autorizó la enajenación de esos terrenos y cuál es el propósito con los recursos obtenidos. En caso de ser cierto, si no hay una autorización y justificación válida para el destino del dinero, por supuesto que vamos a pedirle que se suspenda la oferta de terrenos. Insisto, no pueden lucrar con el patrimonio y el fondo legal del municipio”, aclaró Torres Sánchez.
Estas acciones del gobierno estatal buscan garantizar que los recursos públicos se manejen con transparencia y que los intereses de la ciudadanía sean protegidos, especialmente en esta fase de transición de gobierno.