La tragedia ha puesto en evidencia graves fallos en la regulación y supervisión de centros nocturnos, y las autoridades se han comprometido a tomar medidas drásticas para evitar que hechos como este se repitan en el futuro.
La comunidad potosina se encuentra consternada tras los trágicos sucesos ocurridos en el antro Rich, ubicado en la plaza Alttus.
El saldo hasta el momento es de dos personas fallecidas, Rodrigo y Manuel Alejandro, así ocho personas heridas quien de los lesionados, dos se encuentran en estado grave, mientras que seis están estables, uno de estos últimos ya ha sido dado de alta y se espera que los cinco restantes puedan ser dados de alta entre hoy y mañana.
El Gobierno del Estado, a través de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, ha comenzado a realizar acercamientos con los familiares de las víctimas para gestionar reembolsos o pagos por los servicios médicos y hospitalarios que se han generado hasta el día de hoy, “Desde el primer momento de la tragedia, el gobernador ha instruido que el estado se hará cargo de todos los gastos médicos y hospitalarios que generen este hecho”, afirma el Secretario General de Gobierno, Guadalupe Torres.
En cuanto a la Fiscalía General del Estado (FGE) se encuentra trabajando arduamente para esclarecer los hechos y llevar a juicio a los responsables.
Ante eso, el gobernador, Ricardo Gallardo Cardona enfatizó que “la fiscalía debe entregar culpables, sean quienes sean, si son funcionarios municipales que han cometido omisiones, deben ser castigados, este tema tan relevante no puede quedar impune… y al Ayuntamiento que se ponga las pilas, que se pongan a trabajar sus funcionarios porque no es el único lugar que está en esas condiciones, hay muchos mas lugares que siguen operando en la total obscuridad sin permisos ni nada, todo a mochadas” puntualiza, el gobernador del estado, RGC.
Así, el Secretario General de Gobierno, Guadalupe Torres Sánchez, reveló que el permiso otorgado por el municipio no estaba refrendado y solo permitía una superficie de 40 metros cuadrados, sin embargo, en el lugar había más de 500 personas cuando el cupo límite era para 250, además, Torres Sánchez mencionó que “los barandales, que debían ser de aluminio y vidrio con un grosor específico, no cumplían con las normativas, pareciendo más bien de baja calidad”, comenta el SGG.
Por lo tanto, Mauricio Ordaz, Secretario de Coordinación de Protección Civil del Estado, denunció que la plaza Alttus y el antro Rich no contaban con los permisos ni medidas de seguridad adecuadas. “El antro no tenía ningún permiso ni medida de seguridad por parte del estado, el barandal no cumplía con las especificaciones estructurales, solo presentaba un dictamen de Protección Civil Municipal, así como de Ecología y Comercio”, explicó Ordaz.
El antro Rich está a nombre de Nancy N., quien no se ha presentado para solventar las irregularidades y hechos ocurridos. “Actualmente, nosotros dimos la inspección y clausuramos el lugar, no se ha presentado ninguna persona a tratar de solucionar o aclarar el tema, estamos contribuyendo y colaborando con la FGE para fortalecer la carpeta de investigación y evitar la impunidad”, agregó Mauricio Ordaz.
Nancy N. además es dueña de otros cuatro antros: Secrets, Central Bar, y Azul Fuego, los cuales también han sido clausurados por no estar regulados, “Todos los centros nocturnos deben regularse con las autoridades municipales y estatales, nadie puede estar por encima de la ley, no tenían seguridad, dictamen de gas, estructura adecuada, dictamen electrónico, brigadistas, extintores, ni señalética”, sentenció Ordaz.
Finalmente, el Secretario General de Gobierno, Guadalupe Torres Sánchez, expresó su más sentido pésame a los familiares y amigos de Rodrigo y Manuel Alejandro, las dos personas que fallecieron el día del evento.
La tragedia ha puesto en evidencia graves fallos en la regulación y supervisión de centros nocturnos, y las autoridades se han comprometido a tomar medidas drásticas para evitar que hechos como este se repitan en el futuro.
Esta tragedia ha sacudido profundamente a la comunidad, generando un llamado urgente a la acción para garantizar la seguridad y el cumplimiento de las normativas en todos los establecimientos públicos, las investigaciones continuarán hasta que se haga justicia para las víctimas y sus familias.