“Gobierno del estado no ha demostrado ningún proyecto integral , ni los permisos necesarios, ni presentado ninguna forma de garantizar obras de calidad”. Señala la comisión de vecinos voluntariados.
La comisión de vecinos voluntarios, dice “con más de 60 vecinos se ampararon ante la ilegalidad de las obras en el centro histórico, el Juzgado Sexto de distrito otorgó, una suspensión provisional para que las cosas se mantengan en el estado en el que están paralizando las obras hasta que las autoridades presenten los permisos suficientes y la garantía de la protección del patrimonio”.
Por otro lado , reiteran la condición de vecinos, “buscamos cooperar con las autoridades para obtener un proyecto integral y sostenible de largo plazo acorde a las leyes de movilidad, cultura y construcción”.
El amparo dice que, no hay proyecto que sustente las obras que se están realizando en el centro histórico.
La comisión de vecinos voluntariados del barrio de San Miguelito demandan pruebas, dictámenes, tiempos, cronograma, presupuesto del proyecto integral de movilidad acorde a la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial; así mismo demandan la consulta y participación ciudadana.
“Conforme a la ley exigimos transparencia proactiva y socialización de todo el proyecto y no sólo a través de mecanismos burocráticos de transparencia”. Señala vecino del barrio de San Miguelito, Gabriel Alvarez.
Es importante recalcar que, el amparo exigen la protección de personas de la tercera edad así como la accesibilidad para los vecinos afectados.
A la par la garantía de servicios públicos, como, agua, luz, gas y drenaje durante las afectaciones de la obra.
Por otro lado , la impunidad por el retiro de los adoquines y la inacción por parte de Lina y Ayuntamiento por afectaciones al Patrimonio Mundial de la Humanidad protegido por la UNESCO y la omisión del Plan Parcial de conservación del Centro Histórico.
Así mismo, el comité de vecinos del vario de San Miguelito exhortan a las autoridades a generar proyectos de reconstrucción en concordancia con la ley en los que se considere la participación ciudadana y los derechos de las personas con discapacidad y grupos de atención prioritaria.