Con el fin de buscar el reconocimiento al derecho a una indemnización
patrimonial y/o extra patrimonial (moral) en beneficio de las víctimas de
violencia intrafamiliar, y establecer los parámetros para la acreditación
sobre la existencia de un hecho ilícito, un daño y el nexo causal, la
diputada Lidia Nallely Vargas Hernández, presentó la iniciativa con
proyecto de decreto que busca adicionar diversas disposiciones del
Código Familiar para el Estado de San Luis Potosí.
Explicó que esta iniciativa busca adiciona el artículo 13 bis del Código
Familiar para el Estado de San Luis Potosí, y establece que “la víctima o
víctimas de violencia familiar podrán demandar a su agresor por la
reparación del daño patrimonial y/o extrapatrimonial, provocado como
resultado del hecho ilícito”.
Además, para efectos del presente artículo se deberá acreditar la
existencia de un hecho ilícito, un daño y el nexo causal. También refirió
que la violencia, además de ocasionar daños físicos y mentales es una
proyección de desventajas estructurales dentro de los sistemas públicos
y privados. “Quienes sufren violencia tienen un desarrollo limitado frente
a quienes viven libremente y además, el miedo que siente la víctima
frente a su agresor, restringe el desenvolvimiento adecuado en el
ámbito social, político y económico”.
Dijo que por desgracia, la violencia suele presentarse principalmente en
el núcleo familiar y esto provoca no solo daños visibles sino también
inseguridad entre los miembros de la familia. “Si la familia es la base de
las sociedades, se espera que sea un entorno sano y no perpetuador de
hechos ilícitos. Así como el Estado tiene obligación de prevenir cualquier
tipo de violencia, también tiene el deber de erradicarla y sobre todo el
lograr una reparación integral”.
La legisladora Lidia Nallely Vargas Hernández consideró que, “quien vive
violencia y logra salir de ella, se enfrentará a un mundo nuevo y para
adaptarse tendrá que erogar recursos emocionales y económicos para
subsanar un mal que la víctima no pidió. Por desgracia a la víctima la
colocan involuntariamente en estado de desigualdad frente a los demás.
Cabe señalar que esta iniciativa será analizada y discutida en comisiones
para posteriormente ser dictaminada en el seno de la Comisión de
Justicia del Congreso del Estado.