Las y los integrantes de los Grupos Parlamentarios del Partido Verde
Ecologista de México; y del Trabajo, presentaron una iniciativa de
reforma al Código Penal del Estado de San Luis Potosí y Ley de
Ordenamiento Territorial del Estado de San Luis Potosí, para contemplar
en las leyes vigentes los conceptos de mobiliario y equipamiento
urbano, y aumentar las penas contra de los responsables de robo del
mismo.
De esta manera, se establece como equipamiento urbano, el conjunto
de inmuebles, instalaciones, construcciones y mobiliario urbano,
destinados a prestar a la población servicios públicos, de administración
pública, de educación y cultura; de comercio, de salud y asistencia; de
deporte y de recreación, de traslado y de transporte y otros, para
satisfacer sus necesidades y su bienestar.
Y como mobiliario urbano, los elementos complementarios al
equipamiento urbano, ya sean fijos, móviles, permanentes o
temporales, ubicados en la vía pública o en espacios públicos, los que,
según su función, se aplican para el descanso, comunicación,
información, necesidades fisiológicas, comercio, seguridad, higiene,
servicio, jardinería. Son conjunto de instalaciones en la vía pública que
complementan al equipamiento de las ciudades, tales como basureros,
casetas telefónicas, semáforos, bancas, juegos infantiles, fuentes,
luminarias rejillas, cables, coladeras y cualquier derivado de aleación
metálica, entre otros, así como aquellos muebles que determinen las
autoridades competentes y los municipios.
Se indica que en la actualidad, el Código Penal contempla ya en
específico el robo como tal; sin embargo, esta figura no pone énfasis en
la problemática que más que el robo de dichas productos que sirven
para dotar de servicios a la población como un hecho aislado, el hecho
de que pueda combatir una cadena de ilícitos para generar un mercado
negro, caso en el cual, es preponderante combatir a las empresas o
proveedores quienes hacen de este delito un complejo entramado de
negocios ilícitos.
En primer término, se propone implementar penas para las personas
físicas que por sí mismas, interpósita persona o a través de empresas,
compren, reutilicen, procesen y después revenda mobiliario urbano y/o
equipamiento urbano producto del robo, acto ilícito o procedencia
desconocida.
Lo anterior, dado que son el sector comercial el principal responsable de
que la delincuencia encuentre en el robo de mobiliario una fuente de
ingresos al tener un mercado negro donde vender dichos bienes.
Asimismo, cerramos el tipo penal a efecto de que no solo sean
responsables por comprar este mobiliario o equipamiento, sino que
también tengan o estos objetos derivados de cualquier hecho ilícito o de
procedencia desconocida a efecto de obligar a proveedores y
establecimientos mercantiles a verificar o abstenerse de comprar o
vender este tipo de bienes de procedencia desconocida o ilícita.
Por otra parte, se considera necesaria esta reforma, dado que el robo de
mobiliario o equipamiento puede ocasionar daño e incluso la pérdida de
la vida como en el caso de robo de coladeras, se considera indispensable
señalar que en el caso concreto debe realizara la reparación del daño
civil así como la que pueda derivar, lo anterior es así dado que, como es
sabido el Estado asume la responsabilidad de la indemnizar a las
personas que sufran un daño en cualquiera de sus bienes y derechos.
La iniciativa se turnó a las comisiones de Justicia; y Desarrollo Territorial
Sustentable.