De acuerdo con el fiscal, Adrián López Solís, se dará una recompensa de 200 mil pesos a quien proporcione indicios para la captura de los presuntos implicados, de nombre Carlos Gerardo Sánchez Mendoza y Magdiel Urbina Chimal.
Ricardo Mejía, subsecretario de Seguridad Pública federal, había explicado que Linares, director del portal Monitor Michoacán, rechazó “cualquier medida de protección” a diferencia de dos compañeros que fueron sacados del estado. “Desafortunadamente Armando, no obstante las múltiples gestiones que se hicieron, no quiso sujetarse a este mecanismo”.
Rechazar escoltas locales
Sacar a un defensor o periodista de su lugar de origen suele ser una de las medidas contempladas por el mecanismo federal de protección pero en algunos casos los afectados no quieren. También es habitual que puedan rechazar escoltas locales porque los consideran vinculados a quienes les amenazan.
Balbina Flores, representante de la ONG Reporteros Sin Fronteras en el país, aclaró que lo que Linares rechazó fue la “extracción”, es decir, que lo sacaran de Michoacán. “Cuando un periodista no acepta desplazarse, cosa que sucede, recomendamos inmediatamente implementar otras medidas: escoltas, chalecos antibalas y seguridad en su domicilio”, explicó a la AP. “En otros casos hemos logrado que se den estas medidas pero el mecanismo privilegia la extracción”.
La familia reconoció que no quería irse y él mismo en un video tras el asesinato de su compañero se mostraba dispuesto a seguir informando desde su pueblo. “No sé qué vaya a pasar”, decía, pero “vamos a seguir señalando corrupciones… aunque la vida nos vaya en ello”.
En aquel momento, la noche del 31 de enero, horas después del asesinato Roberto Toledo, colaborador de Monitor Michoacán, Linares dijo a The Associated Press, que las amenazas continuaban y que las autoridades le habían activado el mecanismo de protección asignándole efectivos de la Guardia Nacional para su custodia. Rosa Elena Pedraza, su esposa, confirmó el miércoles a la AP que la seguridad la tuvo por un mes, pero luego se la retiraron alegando que “si todo está tranquilo, quitan la protección”.
“Estamos solicitando, de manera oficial, la colaboración de las autoridades homólogas en el país para la difusión de la cédula (de búsqueda), y se hará lo propio ante la Dirección General de Asuntos Policiales Nacionales e Interpol, para la emisión de la ficha roja, con el fin de la búsqueda, localización y detención de estos sujetos”, dijo el fiscal de Michoacán.