A propuesta de la diputada Bernarda Reyes Hernández, el Congreso del
Estado aprobó la reforma a la Ley para el Desarrollo Económico
Sustentable y la Competitividad del Estado de San Luis Potosí, para
incentivar la economía de las comunidades indígenas por medio de
programas, y desarrollo de capacidades locales y regionales, así como
otorgamiento de créditos, por medio de la Secretaría de Desarrollo
Económico y Social.
Con esta reforma, la Secretaria del Desarrollo Económico, deberá incluir
a las comunidades indígenas en el sistema de ponderación para que
puedan acceder a los diversos instrumentos o apoyos que brinda dicha
institución, como lo son las capacitaciones para el desarrollo de
capacidades locales y regionales que les permitan al otorgamiento de
créditos y con ello impulsar e incentivar la economía dentro y fuera de
las comunidades indígenas.
En el dictamen respectivo, se indica que el Gobierno Federal presentó el
Programa Nacional de los Pueblos Indígenas (2018-2024), cuyas
premisas fundamentales son las de: fortalecer los procesos de
autonomía y formas de organización propias; consolidar sus formas de
participación efectiva en el diseño, implementación y evaluación de las
políticas públicas y programas de gobierno que les atañen; y fomentar
el aprovechamiento sostenible de sus tierras, territorios y recursos
naturales, así como la distribución justa y equitativa de la riqueza, para
combatir la lacerante pobreza y marginación en que se encuentran.
Dicho programa establece como líneas de acción las siguientes: el
impulso de la economía indígena sostenible mediante el desarrollo de
capacidades locales y regionales; y promover el acceso al crédito y
consolidar empresas de la población indígena y afromexicanas.
Asimismo, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su
artículo 2° apartado B obliga a las entidades federativas a abatir las
carencias y rezagos que afectan a los pueblos y comunidades indígenas,
dichas autoridades, tienen la obligación de impulsar el desarrollo
regional de las zonas indígenas, con el propósito de fortalecer las
economías locales y mejorar las condiciones de vida de sus pueblos,
mediante acciones coordinadas entre los tres órdenes de gobierno, con
la participación de las comunidades.