Ante los hechos de inseguridad de las últimas semanas en San Luis
Potosí, específicamente en sitios donde se imparte justicia, el Poder
Judicial del Estado no ha puesto en marcha un protocolo institucional
para la protección del personal de seguridad, jueces y magistrados.
Esto, no obstante que el Congreso del Estado le solicitó poner en
práctica una serie de medidas que auxilien a quienes asisten y laboran
en esos lugares, dijo el presidente de la Comisión de Seguridad Pública,
Prevención y Reinserción Social diputado Rubén Guajardo Barrera.
Recordó que desde el año pasado, se pidió a las autoridades
correspondientes, que también se protegieran las instalaciones y
archivos de los centros de reclusión, a fin de reducir la posibilidad de
que los hechos de inseguridad comprometieran el trabajo que se
desarrolla desde este tipo de espacios.
Expuso el diputado que “con los recientes hechos de criminalidad, quedó
en evidencia que el Poder Judicial es omiso al llamado que le hizo el
Congreso del Estado, porque no ha aplicado los protocolos necesarios de
seguridad”.
Tampoco ha expuesto un diagnóstico real sobre las condiciones de
trabajo de quienes imparten justicia, “y hoy más que nunca, queda
descubierto que se requieren tomar medidas preventivas para la
protección del personal y además, para salvaguardar el patrimonio de
los potosinos.
Señaló Rubén Guajardo que siempre es cuestionable la seguridad en los
centros penitenciarios, porque están en una crisis global y su eficacia es
discutible, además no solamente hay que proteger a quiénes están
privados de su libertad, sino también a los que se encargan de la
impartición de justicia.
“Nos preocupa el peligro en que están expuestos quienes aplican las
políticas públicas penitenciarias, pero también el hecho de que el Poder
Judicial haya minimizado o desestimado los llamados que le hizo la
totalidad del Congreso del Estado de San Luis Potosí desde hace tiempo
para proteger al personal”, dijo.
Puntualizó que “ello significa que no están cumpliendo sus obligaciones
y responsabilidades; esperamos que la violencia que hoy se vive en todo
el país y que se ha agudizado, no afecte la procuración e impartición de
Justicia, ni a ninguna persona que labore en este tipo de instituciones”.