La propuesta busca que el gasto en infraestructura hidráulica no dependa de cada administración municipal y que exista un piso permanente para reparar redes, ampliar servicios y atender el tratamiento de aguas residuales.
Los ayuntamientos de San Luis Potosí podrían quedar obligados a destinar cada año al menos 15 por ciento de su hacienda municipal a obras de agua potable, drenaje, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales.
La propuesta fue presentada por el diputado Luis Fernando Gámez Macías mediante una reforma a la Constitución estatal, con la intención de que ese porcentaje mínimo no dependa de la decisión de cada administración municipal.
Los recursos tendrían que utilizarse en construcción, ampliación, rehabilitación, conservación y mantenimiento de la infraestructura necesaria para prestar esos servicios.
Gámez Macías señaló que la iniciativa responde a problemas como redes deterioradas, falta de infraestructura y deficiencias en el tratamiento de aguas residuales.
“Sin agua no hay desarrollo, no hay salud ni bienestar; esta reforma busca que cada municipio, sin importar su tamaño, invierta de manera obligatoria y transparente en lo que más le importa a la gente, el agua potable en sus casas, drenaje digno y tratamiento de aguas”, afirmó.
Al plantearlo directamente en la Constitución, la propuesta busca asegurar que futuras administraciones municipales mantengan ese piso de inversión y no utilicen esos recursos en otros rubros.
La iniciativa todavía no está aprobada. Fue enviada a las comisiones de Puntos Constitucionales y Agua, donde deberá ser analizada y dictaminada antes de pasar, en su caso, al Pleno del Congreso.