En México hay más de 110 mil personas desaparecidas.
Pero hay algo que no cabe en ninguna cifra, que no entiende de burocracia, de gobiernos ni de informes internacionales: el instinto de una madre.
Ceci Flores, fundadora del Colectivo Madres Buscadoras de Sonora, ya vivió lo que ninguna madre debería vivir. Encontró a uno de sus hijos, no vivo, no entero, lo encontró en restos.
Y aun así, la búsqueda no termina, porque en este país el dolor no se cierra, se multiplica; todavía hay un hijo que Ceci necesita encontrar.
Para ella, “se acabó la esperanza, empezó el verdadero dolor”, una frase que marca el momento en que buscar deja de ser un acto de fe y se convierte en una certeza devastadora: no se trata de encontrarlo con vida, sino simplemente de encontrarlo.
Dicen que las mamás siempre encuentran todo: las llaves que se pierden, las cosas que juramos que no están, aquello que nadie más ve.
Pero en México hay madres que ya no buscan a sus hijos para abrazarlos, los buscan para hallarlos, aunque sea en pedazos, en fosas o dentro de una bolsa negra.
Porque cuando el Estado no busca, alguien tiene que hacerlo, y siempre, siempre, termina siendo mamá.
Pero esto ya no es solo una tragedia humana, también es una acusación internacional.
Hace unos días, el Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) señaló algo gravísimo: que en México hay elementos para considerar que las desapariciones se cometen de forma generalizada y sistemática.
En derecho internacional, esto implica que podrían constituir crímenes de lesa humanidad, es decir, no se trata de hechos aislados ni de errores individuales, sino de un patrón repetido que evidencia permisividad o incapacidad del Estado para detenerlo.
Y esto cambia todo, porque estos crímenes no prescriben, pueden ser investigados a nivel internacional y colocan al país bajo una lupa global.
Por ello, la ONU incluso planteó llevar la crisis de desapariciones en México ante la Asamblea General, no como un gesto simbólico, sino como una alerta internacional.
Mientras tanto, la presidenta Claudia Sheinbaum rechazó el informe, argumentando que no consideraba todos los elementos y que muchas desapariciones están vinculadas al crimen organizado, deslindando así al Estado de responsabilidad.
Sin embargo, incluso cuando el delito es cometido por particulares, si el Estado no previene, no investiga y no sanciona, también es responsable, ya sea por acción o por omisión.
Y mientras se discuten conceptos, cifras y responsabilidades, hay madres que siguen cavando con sus propias manos, aprendiendo a leer la tierra, a distinguir restos y a reconocer lo que nadie más supo ver.
Porque lo verdaderamente insoportable no es solo que existan personas desaparecidas, sino que hay madres que han tenido que convertirse en peritas, en buscadoras, en investigadoras, porque el Estado les abandonó.
Que un país tenga madres buscadoras no es una historia que debamos romantizar, sino que debemos asumirla como lo que es: una evidencia de abandono institucional.
Porque esto ya no es solo una crisis de desapariciones, es una crisis de impunidad, de omisión y de normalización. Es la realidad de un país donde las madres siguen haciendo el trabajo que le corresponde al Estado.
La presidenta puede cuestionar un informe, pero ninguna postura política borra una fosa, ninguna declaración desaparece el hecho de que hay madres que ya no esperan llamadas, sino que esperan encontrar huesos.
Y entonces la pregunta es otra, mucho más incómoda: ¿qué tipo de país obliga a una madre a encontrar a su hijo y luego seguir buscando al otro?
Porque en México, las madres no solo dan vida, también la buscan, incluso cuando ya no está.